Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no admitiera demandas de nulidad contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y estableciera multas a seis universidades, las autoridades de diferentes casas de estudios superiores del país se han pronunciado en rechazo a esta postura del máximo ente judicial.
Al respecto, Jessy Divo de Romero, rectora de la Universidad de Carabobo, explicó que “a partir de este fallo existirá un temor o amedrentamiento contra cualquier persona que intente una acción ante esa instancia, impidiéndole ejercer su sagrado derecho a una tutela judicial efectiva y en consecuencia, a su derecho legítimo de la defensa. Adicionalmente, expone y somete a multas a quienes acudan a los Tribunales de la República por solo buscar justicia y el respeto a la Ley”.
Destacó la autoridad universitaria que los trabajadores de la administración pública, tanto activos como jubilados, tienen derecho a disfrutar de un salario digno y justo, y a no aceptar la implementación de un instructivo lesionador de derechos que incluso rebaja los salarios y beneficios conquistados a lo largo de la historia.
Recordó Romero que los sancionados con esta sentencia son la Universidad de Los Andes (ULA), la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y las rectoras Cecilia Arocha (UCV, Milena Bravo (UDO) y Rita Elena Añez (Unexpo) y la Universidad de Carabobo.
Destacó Romero que hasta este momento las universidades no han sido notificaciones de esta sentencia.
UPEL PREPARA UN PRONUNCIAMIENTO
Por su parte, el profesor Eladio Gideón, decano de la UPEL Maracay, señaló que esta multa es algo incongruente, ya que el reclamo que se estaba presentando está lesionando el patrimonio de los venezolanos que hacen vida en el sector universitario.
“Es una violación de nuestros derechos laborales y constitucionales el hecho de que se le imponga una multa a los rectores de estas casas de estudios, esta sanción que impone el TSJ es una violación a la autonomía universitaria y un amedrentamiento a quienes deseen protestar por sus derechos”, explicó el Decano.
En la UPEL se está esperando las directrices del Consejo Universitario para oficializar una opinión sobre este hecho y determinar qué acciones se van a realizar.
Por los momentos se encuentran reunidos con la consultoría jurídica de esta casa de estudio y presentar una respuesta a esta sentencia que se considera fuera de lugar en lo que se refiere a los derechos a la protestas y a exigir una mejor calidad de vida, que es lo que se estaba realizando.
Para Gideón esta multa es una desición incongruente contra la universidad venezolana, que busca silenciar la protesta de los gremios educativos, de igual forma, explicó el profesor, que los gremios seguirán en la calle protestando por una mejor calidad de vida y por lograr la nulidad de este instructivo que está lesionando los derechos económicos de cada trabajador del sector público.
