Este viernes, El Observatorio de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional (AN) expresó que en Venezuela se encuentran secuestrados por el Gobierno de Nicolás Maduro 16 presos políticos militares, quienes son sometidos a torturas y tratos crueles.
Así los informó, la presidente del Observatorio de DDHH de la AN, Adriana Pichardo en rueda de prensa online, conjuntamente con la presidenta de la Comisión Especial de Justicia y Paz del Parlamento Nacional, Delsa Solorzano, quien dió detalles del informe de la Misión de Verificación de hechos del Consejo de DDHH de la ONU.
Al respecto, la diputada Pichardo al tomar la palabra explicó que, el observatorio de Derechos Humanos fue creado el 17 de julio 2020, con el fin de documentar y visibilizar las violaciones de los DDHH a los que ha sido sometidos la población venezolana y crear una memoria histórica sobre estos hechos, que puedan servir de insumo a las instancias nacionales e internacionales.
Durante la rueda de prensa digital, mostró unas gráficas de los presos políticos militares en Venezuela que suman 162, y reflejan que la curva en crecimiento, donde se intensifican las protestas, con el aumento de detenidos, el punto más alto de detenciones es en el 2019 y disminuye en 2020, por la pandemia.
“Destacamos que el 2019 donde se refleja la detención arbitraria de 65 militares. Por rango militar de los hoy secuestrados políticos militares el 40,74% representa a sargentos, el 27,78% a tenientes, 9,6 a coroneles, el 8,64 de capitanes, 6,79 generales el 4,94 son mayores, 1,23 tenientes coroneles y un soldado que representa el 0,62 por ciento”, sostuvo.
Aseveró que, en cuanto a los componentes de los 162 presos militares víctimas del régimen, 67 pertenecen a la Guardia Nacional, 66 al Ejército, 18 a la Aviación, 7 a la Armada y 4 personas que aún no se conoce a cuál componente militar pertenecen, “el 95,68% son hombres y el resto es mujeres. Es importante saber dónde fueron aprendidos y el 56,17% fueron aprendidos en el Distrito Capital”, indicó.
La parlamentaria señaló que, el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela de la ONU, representa lo que el Observatorio y los diputados de la AN han denunciado al mundo durante años.
Por su parte, la diputada Delsa Solórzano explicó la diferencia entre este informe y el resto que se han presentado a lo largo de los años, destacando que el documento de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet se limita a la descripción de los hechos sin determinar responsables. En el caso del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela de la ONU, se especifica la responsabilidad de las violaciones de DDHH y crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país.
“Se refiere en primer término a lo que tiene que ver con la persecución y violación de DDHH de los parlamentarios y sus familiares. Son más de 100 los diputados perseguidos o sometidos a acoso. El informe establece desde sus primeras páginas un nexo entre corrupción y violación de DDHH, destacando que los principales motivos para llevar a cabo los crímenes, son para recibir beneficios económicos, es decir, corrupción”, dijo.
Solórzano desracó que, en el informe de la Misión de Hechos expresa que fueron levantados de manera ilegal la inmunidad parlamentaria de los diputados, porque se hizo a través del Tribunal Supremo de Justicia, cuando eso le corresponde a la Asamblea Nacional.
Asímismo precisó que, el informe señala el papel integral de los servicios de inteligencia en los crímenes de lesa humanidad. Mostrando detenciones arbitrarias de opositores o críticos al régimen que fueron llevadas a cabo de manera sistemática.
Subrayó que, al Sebin y DGCIM los señalan como dos de los órganos principales de represión a los venezolanos. Identifican un patrón con el cual el Sebin utilizó actividades en flagrancia para llevar a cabo la detención, con la cual se llevaban a las personas en calidad de declarantes y no de imputados.
Agregó que, la Misión expresa que se ha violado la constitución a través del establecimiento de distintos mecanismos, entre ellos, la designación ilegal de los actuales magistrados del TSJ, “el informe detalla de manera específica como la AN saliente de 2015 designó jueces principales y suplentes para intentar acabar con la Asamblea que asumía en 2015, y detalla también las características de la Asamblea Nacional Constituyente, todo para deslegitimar, la legítima Asamblea Nacional”, explicó.
Solorzano recalcó que, se expresa también en el informe de la Misión que el TSJ consideró que los miembros de la AN se encuentran en estado permanente de flagrancia, es decir en desacato, lo que significa que en cualquier momento un diputado puede ser detenido, lo que les permite a los funcionarios de la DGCIM y Sebin no dar ningún tipo de explicación al momento de la detención.
Señaló que, en el caso de Roberto Marrero, el documento de la Misión indica que es el vivo ejemplo de una fabricación de pruebas en contra de un ciudadano, “el ex director del Sebin dijo que había recibió órdenes directas de Nicolás Maduro para sembrar armas en su casa, al mismo tiempo que declaró que era Maduro quien decidía quién era detenido, liberado y torturado”, indicó.
Dijo que, el informe de la Misión se refiere que hay 7 casos de violencia sexual, amenazaban a los detenidos incluso con violar a sus parejas, “testigos que se encontraba en helicoide principalmente en celda de mujeres, entre 2014 y 2018 declararon haber escuchado torturas durante interrogatorios”, recalcó.
Indicó Solórzano que, el informe describe de manera minuciosa lo que es la tumba, con celdas de 2x3metros, sin aire, ni ventilación natural, a 15 metros bajo tierra, “el personal de la DGCIM, bajo la dirección del Coronel Franco Quintero participaron en la detención del capitán de Navío Luis De la Sotta. El personal que estuvo bajo la dirección del coronel Quintero y posteriormente del coronel Hannover Guerrero participaron en tratos crueles e inhumanos y degradantes”, agregó.
Subrayó que, el informe señala directamente a los responsables. También esta reseñado en el informe de la Misión que el ex capitán Rafael Acosta Arévalo murió torturado por la DGCIM en presencia de un juez que no llevó a cabo la detención en flagrancia de sus torturadores.
Finalmente manifestó que, esta comisión realizó una serie de recomendaciones, que hacen un llamado a la comunidad internacional, para colaborar con la situación de Venezuela Ante la Corte Penal Internacional, “no nos vamos a rendir, queremos lograr un país democrático y justicia para las víctimas, no queremos un país de venganza”.
