El gobernador electo de Roraima, Antonio Denarium, asumió ayer la gestión de este estado de Brasil en la calidad de interventor luego de que el Gobierno destituyera a la gobernadora Suely Campos en una inusual medida para superar la crisis generada por una huelga de policías y guardias carcelarios.
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La intervención en este estado amazónico del norte de Brasil y fronterizo con Venezuela, uno de los más pobres del país, fue anunciada el pasado viernes por el presidente brasileño, Michel Temer, pero solo entró en vigor este lunes tras la publicación del respectivo decreto en el Diario Oficial de la Unión.
La medida le otorga poderes especiales a Denarium para intentar resolver la crisis provocada por una paralización de funcionarios públicos en todos los sectores, incluyendo policías y guardias carcelarios, que protestan porque no reciben sus salarios hace algunos meses.
Como primer paso para resolver la crisis, Denarium asumió como titular de la gobernación en el lugar de Campos e igualmente tomó poder sobre la secretaría regional de Hacienda con la intención de verificar las cuentas públicas y buscar los recursos necesarios para normalizar el pago de los salarios de los funcionarios.
“Estoy asumiendo hoy el poder como interventor. Colocaremos en la práctica una reforma administrativa y una tributaria para eliminar los gastos innecesarios, poner fin a contratos irregulares y, con los recursos que queden, pagarle rigurosamente en día a todos los funcionarios”, afirmó.
La intervención total del estado fue acordada la semana pasada por Temer con la destituida gobernadora ante el reconocimiento de Campos de que carecía de condiciones políticas o financieras para intentar resolver los graves problemas fiscales y de seguridad pública en el estado.
La medida, en la práctica, adelantó en 20 días la investidura de Denarius, que fue elegido gobernador en las elecciones de octubre pasado y tenía que asumir su cargo el 1 de enero próximo.
En su calidad de interventor, sin embargo, Denarius tendrá que rendirle cuentas provisionalmente al Gobierno federal de Brasil al menos hasta que asuma formalmente como gobernador.
El gobernador electo es miembro del Partido Social Liberal (PSL), el mismo del presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, que asumirá su Gobierno el 1 de enero.
Campos dijo que la crisis financiera de Roraima se agravó con la llegada de miles de inmigrantes venezolanos a los que el estado tuvo que ofrecerles servicios como salud, habitación y educación.
“El flujo de inmigrantes disparó los gastos en los servicios públicos y el estado se quedó sin recursos para pagar todos sus compromisos”, afirmó.
Denarius, que durante la campaña electoral defendió medidas para frenar el ingreso de venezolanos a Roraima, afirmó que discutirá el asunto con Temer debido a que solo el Gobierno federal de Brasil puede ordenar el cierre de la frontera o restricciones a viajeros.
De acuerdo con los datos oficiales, desde 2017 y hasta septiembre pasado ingresaron a Brasil 154.920 venezolanos por la localidad fronteriza de Pacaraima, en el estado de Roraima y único paso fronterizo entre ambos países, pero algo más de la mitad (79.402) ya ha abandonado el territorio nacional.
De los que decidieron quedarse en Brasil, cerca de 5.200 están en alguno de los albergues construidos en Boa Vista, capital de Roraima, y dependen actualmente de la ayuda humanitaria.
Para resolver la crisis generada por la llegada de los venezolanos, Temer ya había decretado una intervención en la seguridad de Roraima para poder enviar el Ejército a atender a los inmigrantes.
La intervención total en Roraima fue justificada por la “grave amenaza al orden público” generada por los problemas de inseguridad y la crisis en el sistema penitenciario.
Pese a que los policías no han declarado formalmente huelga, las esposas de los agentes montaron campamentos frente a los cuarteles para impedirles la salida a las calles en una protesta contra los atrasos salariales.
La huelga de los guardias carcelarios, por su parte, llevó a la Fiscalía a exigir medidas inmediatas ante el temor de que se repitan las matanzas de presos que han sido comunes en las cárceles de Roraima en los últimos meses.
EFE
