Cinco fiscales federales presentaron este miércoles ante la Justicia una acción civil que exige al Estado indemnizar a las víctimas de la covid-19, enfermedad que ya ha causado 617.000 muertes en el país, ante la actitud “omisa” del Gobierno de Jair Bolsonaro.
La acción, canalizada por medio del Ministerio Público Federal, solicita además una “declaración expresa de disculpas del Gobierno” del líder ultraderechista “a las familias de las víctimas” y que el Estado sea condenado por “daños morales y materiales” cometidos durante la conducción de la pandemia.
El valor de la acción, si sale adelante en los tribunales, podría alcanzar los 62.500 millones de reales (unos 11.000 millones de dólares); según informó el Ministerio Público Federal en una nota.
La demanda pide que las familias de los fallecidos por covid-19 sean indemnizadas con al menos 100.000 reales (17.500 dólares) ;y aquellos que sobrevivieron y tengan secuelas graves o persistentes; con 50.000 reales (8.750 dólares).
El documento, firmado por cinco procuradores, señala que los gestores federales brasileños actuaron; “de forma omisa e injustificada” en la adquisición de vacunas y en la “realización de campañas informativas y educativas”.
También considera que el Gobierno de Bolsonaro fue “omiso” en la “coordinación del combate a la pandemia” y al “no ampliar el número de test para la detección” del virus entre los 213 millones de brasileños.
Asimismo; denuncia algunas conductas impulsadas por la Administración federal, como la “opción ilegal y anticientífica en la búsqueda por la inmunidad de rebaño” vía contagios y “la adopción del llamado ‘tratamiento precoz'”; con medicamentos ineficaces contra el coronavirus, como la cloroquina.
Censura
La acción sustenta que el Estado “divulgó informaciones falsas y/o equivocadas a la población”, sobre las medidas no farmacológicas para contener el SARS-CoV-2 y la seguridad y eficacia de las vacunas.
Bolsonaro, uno de los gobernantes más negacionistas del mundo sobre la gravedad de la covid-19; que llegó a calificar de “gripecita”; censura el distanciamiento social, rechaza el uso de la mascarilla y ha puesto en duda en multitud de ocasiones la eficacia de las vacunas.
Esa actitud del mandatario ya le ha acarreado problemas en la Justicia;donde es objeto de una investigación que tramita en la Corte Suprema después de insinuar que los vacunados contra la covid-19 corren más riesgo de desarrollar sida.
Su errática gestión frente a la pandemia también fue investigada en una comisión del Senado, que acusó al jefe de Estado de nueve cargos; entre ellos “crímenes contra la humanidad”, en su informe final; que, una vez aprobado, derivó a las autoridades competentes para que eventualmente inicien sus diligencias.
