La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este martes el texto principal de un proyecto de ley que prevé la flexibilización de la ley de improbidad administrativa por parte de los funcionarios.
El principal cambio en la propuesta se refiere a la punición de agentes públicos que causen daños a la administración pública, que ahora solo podrá ser aplicada en caso de que actúen con dolo; es decir, con la intención de perjudicarla.
Para concluir la votación, los diputados todavía deben analizar los llamados “destaques”, que son sugerencias de posibles alteraciones a la propuesta original.
Una vez terminado el análisis, el proyecto seguirá para la sanción o veto del presidente brasileño, el líder ultraderechista Jair Bolsonaro.
De acuerdo con el proyecto aprobado, para que se lleve a cabo una condenación por improbidad administrativa; se exigirán evidencias de la intención del acusado de causar daños al erario.
El texto igualmente prevé que la Fiscalía será el único órgano legitimado a proponer investigaciones de improbidad, por lo que otras instituciones regionales; municipales y federal estarán vetadas de solicitar acciones de combate a delitos de este tipo.
Críticas en Brasil
El proyecto desató una ola de críticas por parte de especialistas del sector, quienes afirman que los cambios podrían dificultar las investigaciones y condenas y; consecuentemente, podrían trabar el combate a las irregularidades en la administración pública.
Por su parte, los defensores de la iniciativa alegaron que la alteración es “necesaria” para proporcionar mayor “seguridad” a los gestores públicos a la hora de tomar decisiones; sobre todo en las alcaldías de ciudades menores.
La ley de improbidad, de 1992, actualmente vigente prevé la condena de agentes públicos que dañen las arcas públicas, ya sea por omisiones o actos dolosos y culposos, o sea, cuando las realicen independiente de la intención o no de cometer el delito.
