La Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR) afirmó este jueves que al menos cuatro menores están en riesgo de ser ejecutados en Arabia Saudí tras la aplicación esta semana de la pena capital a un joven por supuestamente cometer un crimen cuando era menor de 18 años.
“Según ESOHR, hay ahora más de 40 personas en riesgo de ser ejecutadas y lo importante ahora es salvar la vida de estas personas; entre ellas, cuatro son menores”, indicó en una conferencia virtual el asesor legal de la organización, Taha Hajji.
La ONG, que lucha por los derechos humanos en Arabia Saudí y con sede en Berlín, apuntó únicamente el nombre de Abdulá al Huwaiti como uno de los menores en riesgo de que se le aplique la pena capital; pero sin mencionar la identidad de los otros tres.
Aseguró que el Gobierno saudí está “engañando” a la comunidad internacional diciendo que han ejecutado a Mustafa al Darwish por crímenes que había cometido “con 19 años” cuando “se puede probar con documentos oficiales que eso no es cierto”.
Aseveró, además, que las “únicas pruebas que se usaron en su contra fueron confesiones y no hay pruebas físicas”.
Las autoridades saudíes ejecutaron el pasado martes a un joven de 26 años condenado a muerte por “revuelta armada” contra el Gobierno; al considerar que había sido declarado culpable de participar en disturbios entre el 2011 y 2012; cuando varias ONG aseguran que en ese entonces era menor de edad.
Fue detenido en el 2015 y condenado a muerte en el 2018; tras “un juicio plagado de deficiencias y basado en una confesión obtenida mediante tortura”, según diferentes ONG que denunciaron su situación
Esta decisión se produce pese a que en abril de 2020 se decretara en Arabia Saudí el fin de la aplicación de la pena de muerte a menores; y que a partir de entonces serían sentenciados a un máximo de 10 años de prisión en un centro de detención juvenil.
Arabia Saudí ha estado varios años a la cabeza de países que aplican más sentencias de muerte; aunque redujo el número de ejecuciones en un 85% en el 2020 respecto al año anterior; cuando se aplicó la pena capital a 184 reos, según datos gubernamentales.
