Xi Jinping incidió en la importancia de realizar “esfuerzos para unir al sector privado alrededor del Partido”, con el objetivo de “fomentar su sano desarrollo”. Estas palabras dieron comienzo a una campaña antimonopolio en el sector digital en China, destinada a limitar tanto los riesgos estructurales como el poder de sus actores.
La primera vez las autoridades paralizaron la salida a Bolsa de Ant Group, destinada a ser la mayor de la historia, con apenas 48 horas de antelación. La firma de servicios financieros ya estaba preparada para embolsarse 34.500 millones de dólares (29.500 millones de euros) por medio de un debut simultáneo en los parqués de Hong Kong y Shanghái, montante que empequeñecería la cima marcada por los 29.000 millones de dólares de Saudi Aramco en diciembre de 2019.
Ant es una de las organizaciones más innovadoras del mundo, hasta el punto de carecer de equivalente fuera de China. Su servicio primigenio es Alipay, una plataforma de pagos electrónicos de enorme implantación social. Esta representa la puerta de entrada a un colosal ecosistema alimentado por la ingente cantidad de datos generados por cada transacción. Ant puede así ofrecer préstamos, inversiones o seguros personalizados. La firma se enorgullece de emplear un esquema bautizado como 310: a la hora de contratar cualquier producto financiero bastan 3 minutos para rellenar un formulario, el cual es aprobado en 1 segundo por la intervención de 0 seres humanos. Alibaba todavía posee un tercio de la empresa que un día fue su filial.
La matemática de su salida a Bolsa habría colocado a Ant en posición de rebasar a los primeros bancos estatales. Con la ambición y la capacidad, además, de controlar un porcentaje significativo del crédito nacional; gracias a la ubicuidad de su aplicación telefónica en los 1.560 millones de móviles del país y la sencillez de sus servicios. El Gobierno entendía que esta posibilidad suponía un riesgo intolerable, y en el último momento interrumpió sus cuentas de la lechera modificando los requisitos legales.
Desde entonces los correctivos han sido constantes. El último tuvo lugar esta misma semana, cuando el Banco Popular de China proporcionó un nuevo tirón de orejas público en forma de comunicado. Tras una reunión con los directivos de Ant, el banco central aseguraba en su texto que esta debe “volver a sus orígenes” como empresa de pagos electrónicos y “rectificar errores” cometidos “en áreas comerciales clave”, exigiendo incluso “un cronograma de implementación”. Ant, con la cabeza gacha, ya ha tomado medidas para demostrar su obediencia, como limitar el crédito disponible para sus usuarios. Eric Jing, su director general, ha asegurado que “escucha con atención” las críticas de “reguladores y clientes”.
La casa madre tampoco ha salido indemne. La semana pasada la Administración Estatal para la Regulación del Mercado anunció la apertura de una investigación contra Alibaba, acusado de prácticas monopolísticas. Las autoridades provinciales de Zhejiang, donde está radicada el gigante tecnológico, ya han registrado su sede central, interrogado a empleados y requisado documentos. A consecuencia de su colisión con el Partido, Alibaba ha perdido casi un cuarto de su cotización bursátil desde finales de octubre, equivalente a la evaporación de 260.000 millones de dólares (213.000 millones de euros).
El hostigamiento gubernamental tiene también una dimensión ad hóminem. Lo sucedido evidencia la caída en desgracia de Jack Ma, fundador de Alibaba y uno de los rostros más conocidos del país. “Si el Gobierno necesita Alipay se lo daré”, llegó a afirmar, solícito, en 2013. Justo antes de la fallida salida a Bolsa de Ant –de la que es accionista mayoritario– se desmarcó con unas polémicas declaraciones en las que criticaba la legislación en materia financiera y su mentalidad de “tiendas de empeño”. Quien fuera el hombre más rico de China ha visto cómo en los últimos meses su patrimonio ha menguado de 51.000 millones de euros a 40.000, de acuerdo a datos de Bloomberg. El futuro no es halagüeño para el empresario y filántropo: las autoridades le habrían instruido a no abandonar el país, según distintos medios.
Más control sobre el sector privado
Pese a que el modelo chino sigue siendo nominalmente comunista, hace muchos años que las empresas privadas son el motor de su economía. Estas han pasado de sumar 443.000 en 1996 a 15,6 millones en 2018, hasta constituir un 84% del total. Una de los puntos en la agenda doméstica de Xi consiste en aumentar el control del Partido sobre ellas y alinearlas con las prioridades estatales. El primer paso fue la emisión a mediados de septiembre por parte del Comité Central de la Oficina General del Partido Comunista Chino de un documento titulado “Opinión sobre el fortalecimiento del trabajo del Frente Unido de la economía privada en la nueva era”.
Su propósito era “mejorar el enfoque de la sabiduría y la fortaleza de los empresarios en el objetivo y la misión del gran rejuvenecimiento de la nación china”. Para ello, aspiraba a crear “una columna de empresario fiables y disponibles en momentos clave”. El Gobierno encañonaba de este modo al sector digital. No solo por ser un ámbito estratégico, también por ser una de las industrias cuyos actores han acumulado una mayor preponderancia social gracias a una regulación laxa. Pero eso se acabó.
En noviembre, las autoridades competentes publicaron el borrador inicial de unas nuevas pautas antimonopolio en Internet. Dos semanas más tarde concluyó la Conferencia de Trabajo Económico Central, reunión anual de este organismo, encargado de fijar el rumbo en materia financiera y bancaria. El documento resultante contenía un epígrafe en el que la institución se comprometía a afianzar el control sobre las empresas de servicios financieros y comercio electrónico, con la intención de “fortalecer el antimonopolio y prevenir una expansión desordenada de capital”.
Esto se tradujo en dos rondas de multas. La primera a mediados de diciembre contra la propia Alibaba, China Literatura –de la que Tencent es accionista mayoritario– y Hive Box por “no informar sobre acuerdos pasados para la evaluación de las autoridades”. La segunda esta semana, por “tarifación irregular”. Las víctimas en esta ocasión fueron JD –segunda empresa de comercio electrónico del país–, Tmall –propiedad, de nuevo, de Alibaba– y Vishop.
Todas las sanciones se fijaron en 500.000 yuanes (62.700 euros), una cantidad modesta pese a súper el máximo que contempla la Ley Antimonopolio de 2008. Este paso, no obstante, supone la primera ocasión en que las instituciones actúan contra empresas de Internet, adelantando una tendencia creciente que viene a demostrar que en China nada está por encima del Partido. Y este, a su vez, resulta cada vez más indistinguible de la palabra de Xi Jinping.
