La diócesis nicaragüense de Granada removió este jueves al sacerdote Santos Leonardo Murillo Martínez de la parroquia San José Obrero, donde, según la Policía, se robaron dos antiguas campanas de bronce, caso por el que la Fiscalía acusó al excanciller Francisco Aguirre Sacasa.
El obispo de la diócesis de Granada, Jorge Solórzano, trasladó a Murillo Martínez, de nacionalidad hondureña, a la Catedral Inmaculada Concepción de María de esa ciudad colonial, en el cargo de segundo vicario.
Y como párroco del templo San José Obrero, epicentro del robo de las dos campanas, nombró al sacerdote Joel Esteban Ajuchán Rivera.
Esos cambios se dan el mismo día en que la Policía Nacional ampliara detalles de ese presunto robo y confirmara que el sacerdote fue quien puso la denuncia, contrario a lo que, según el excanciller Aguirre Sacasa, le dijo a él.
La Policía afirmó que recibió la denuncia sobre el robo de las dos campañas del mismo sacerdote y publicó una copia del acta en la que se identifica al religioso con sus dos nombres y apellidos, su número de pasaporte, su número de teléfono móvil y su firma.
¿TRASFONDO POLÍTICO?
La Fiscalía de Nicaragua acusó a Aguirre Sacasa, que también fue embajador de Nicaragua en Estados Unidos durante la Administración de Arnoldo Alemán (1997-2002), por ese caso.
En la acusación, en la que aparece como víctima u ofendido la parroquia San José Obrero, representada por Murillo Martínez, la Fiscalía no específica el delito que se le imputa a Aguirre Sacasa, próximo a cumplir 76 años y crítico con el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega.
El fin de semana pasado, la Policía Nacional presentó a Aguirre Sacasa como “tope”, es decir receptor de objetos robados, ante medios de comunicación del Gobierno, antes de soltarlo, para que enfrente un proceso judicial en libertad por motivos de su edad.
Aguirre Sacasa, que fue diputado por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en el período 2007-2012 y candidato a la vicepresidencia de la República en 2011, ha admitido que compró las campanas en 100 dólares a José Bermúdez, otro de los acusados y a quien le ha comprado objetos en otras ocasiones, y en su defensa ha dicho que desconocía que eran robadas.
El también exfuncionario del Banco Mundial ha puesto en duda que las campañas que compró sean las de la parroquia, porque él pagó por ellas desde mediados de julio pasado y la Policía asegura que fueron robadas el 3 de agosto.
Además, ha advertido que días antes del 3 de agosto, según le ha dicho el mismo párroco, fueron robadas las cámaras de seguridad instaladas en el templo, por lo que no descarta que su caso sea una celada de los aparatos de seguridad y vigilancia del Gobierno con el fin de humillarlo, destruir su reputación y enviar un mensaje a los opositores.
El caso está en manos de la jueza Karen Vanessa Chavarría Morales, titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencias de Managua, que aún no ha definido cuándo convocará a la audiencia preliminar, en la que decidirá si admite o no la acusación de la Fiscalía.
