La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia descartó este lunes la validez de las medidas unilaterales del Gobierno para superar la crisis del país, al margen de la mesa de negociaciones entre ambas partes.
Al hecho de que organismos como la Organización de los Estados Americanos (OEA) no aceptan soluciones fuera de la mesa de negociación se une el que las medidas anunciadas unilaterales por el Gobierno no se corresponden con una solución a la crisis, según la Alianza.
Entre las medidas anunciadas por el Gobierno desde la semana pasada están reformas electorales, programas para las víctimas de la crisis, la promoción del retorno de los exiliados y la liberación de los “presos políticos”.
Según la Alianza, los planteamientos del Gobierno alrededor de todos esos temas no están pensados para que haya cambios reales a la situación crítica de Nicaragua.
“No podés hablar de reforma electoral si no podés crear tu propio partido, hacer tu propia campaña, si estamos en un país donde no hay derechos. El tema del retorno de los exiliados no puede ser sin garantías, si esto es unilateral seguiremos viendo que regresó gente que está siendo apresada”, explicó el miembro de la alianza y representante del sector privado José Adán Aguerri.
Las medidas unilaterales también causaron preocupación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) por la legislación recién aprobada dirigida hacia las víctimas.
Según los organismos, la misma no cumple “con las normas y estándares internacionales en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, ya que sus cinco artículos “se limitan a establecer una política general de acceso a servicios de educación, vivienda, trabajo, salud y recreación”.
Recordaron además que “una reparación adecuada e integral de las violaciones a los derechos humanos debe contemplar medidas tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a las víctimas y sus familiares, así como medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición”, proporcional a “la gravedad de las violaciones y al daño sufrido”.
La alianza mantuvo hoy su posición de no retornar a la mesa de negociaciones si el Gobierno no cumple con dar “libertad absoluta” a los 809 “presos políticos” contados por la oposición hasta marzo pasado, de los cuales 221 se mantienen en calabozos, 41 de ellos detenidos después de que el Ejecutivo se comprometió a liberarlos a todos a más tardar el 18 de junio próximo.
La crisis sociopolítica que sufre Nicaragua ha dejado unos 325 muertos, según la CIDH, cifra menor a los 594 que cuentan organismos locales y superior a los 199 que reconoce Ortega.
La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por la violencia en el marco de la crisis y le ha señalado de cometer crímenes “de lesa humanidad”.
EFE
