Rosalino Medina, presidente del Colegio de Abogados del estado Aragua, aseguró que la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista debe tener un período de adaptación generalizado, pues como instrumento legal no está clara su aplicación en numerosos casos específicos.
Medina expuso varios casos específicos de aplicación de la nueva legislación, en los cuales no está suficientemente claro el procedimiento, «entonces seguimos con el gravísimo problema que las leyes tienen que tener una ‘vacatio legis’, es decir, una ‘vacatio’ para que la gente se adapte a las leyes», dijo.
El dirigente gremial expuso varios casos, como por ejemplo, «con los trabajadores agrupados en los sindicatos o en las asociaciones, y a mi juicio ahí estriba el problema, porque hasta el momento nadie tiene claro lo que es ese proceso».
Medina aseguró que nadie sabe cómo aplicarán esta ley; «e incluso nosotros aquí en el Colegio de Abogados, que tenemos expertos en la materia y que hemos hecho varios cursos, seguimos en duda, solamente nos envían lo que tenemos que pagar y más nada, entonces allí estriba el problema», argumentó.
Medina recordó que mediante el Decreto 4.952, publicado en la Gaceta Oficial 42.880, sólo tienen que pagar 9%, pero que aún así persisten numerosas interrogantes.
«Y los trabajadores que trabajan tres horas, cómo se les paga eso, se supone que los trabajadores son a tiempo completo, es decir, los que ganan el salario mínimo, que se les aplicaría ese impuesto. Entonces seguimos con el gravísimo problema que las leyes tienen que tener una vacatio legis, para que la gente se adapte a las leyes», dijo.
El experto en legislaciones afirmó que esta Ley de Protección de las Pensiones se verá reflejada negativamente en la economía nacional. «Si usted va ahorita a los mercados se encuentra que desde el momento en que se publica la Gaceta Oficial inmediatamente aumenta todo. Yo creo que aumentó aproximadamente el 5%, y fíjense que la inflación que estaba detenida también subió producto de esa inconsulta decisión», dijo.
Medina también ve con preocupación que aún no sabe qué beneficios tendrán los trabajadores con ese 9%; «si es para la cuestión social, si es para la salud de los trabajadores, perfecto, muy bien. Pero digan la forma y manera en que se va a aplicar», añadió.
Aseveró que todo marco jurídico debe tener su respectivo reglamento, pero la Ley de Protección de Pensiones carece del mismo; y «allí está la falla de esa ley, ahorita no tiene su aplicación tampoco, o sea, hay vacíos y todas las leyes tienen un reglamento y lamentablemente esta no se ha reglamentado».
TRANSFERIR A QUIÉN
Al presidente del Colegio de Abogados del estado Aragua le llamó la atención que el Seniat sea el ente recaudador; «ese 9% se lo van a transferir a quién, al Seguro Social, lo va a transferir a otra institución, es un problema muy complejo», expuso.
«Entonces en las empresas empiezan a preguntarse, bueno, y porqué a mí me están aplicando eso, y te digo, pues el caso del Colegio de Abogados del estado Aragua, a nosotros también nos lo están aplicando, y no nos dejan ni siquiera que nosotros establezcamos el mecanismo para decirle, miren, nosotros no somos empresa, nosotros no podemos estar incluidos en esa ley», destacó.
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Medina lamentó que esto traerá efectos económicos adversos a empresas pequeñas y a los emprendedores. «Yo creo que el emprendimiento que tenían o los proyectos se les cae, porque es una cuestión de establecer los mecanismos para que no afecte principalmente a esa economía que está deprimida, que es la economía de clase media para abajo», añadió.
Rosalino Medina lamentó la improvisación ya que «el Estado tiene la carga de proteger al trabajador, pero así como proteger al trabajador, también las empresas privadas están en la obligación de proteger a sus afiliados, principalmente ahorita no hay convención colectiva en ninguna empresa de este país; no hay sindicato, prácticamente los trabajadores están acéfalos de la defensa de sus derechos, y entonces, qué es lo que pasa, que el Gobierno cuando lanza estos bonos, no se da cuenta de que los trabajadores también tienen que buscar la forma en cómo defienden sus derechos. El gravísimo problema es ahí, porque no se toma en cuenta ni las leyes, ni la Constitución, simplemente vamos hacia adelante que es lo que les importa», sentenció.
LINO HIDALGO | elsiglo
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