Ante el reciente suceso de desfalco a la nación, son muchos los políticos de oposición en el país que exigen que los bienes involucrados en el caso denominado Pdvsa-Cripto, se reintegren al Estado mediante los programas sociales.
En este sentido, Julio Sánchez Regalado, dirigente de Fuerza Vecinal en Aragua, comentó que la denominada Ley de Extinción del Dominio, aprobada en la Asamblea Nacional del año 2020, considera que dichas medidas son inconstitucionales, ya que el artículo 115 de la Carta Magna consagra el derecho a la propiedad.
Previo a una sentencia definitivamente firme, los bienes de propiedad privada también sepueden involurar en proceso de confiscación. Nosotros consideramos que los bienes adquiridos de forma ilegítima a través de actos de corrupción, malversación de fondos, peculado de uso y otros delitos se pueden recuperar con celeridad», dijo.
Recupeación de Bienes
Asimismo, destacó que el Estado venezolano debe recuperar esos bienes , pero previamente con el respeto del debido proceso establecido en la Constitución y el derecho a la defensa.
«Esta Ley se puede convertir en un arma de persecución política hoy en día a líderes del PSUV involucrados en los hechos de corrupción, pero el día de mañana puede utilizarla para atacar a cualquier otro tipo de dirigente político sin respetar el derecho a la defensa y el debido proceso», aseveró.
Recuperados 500 mil vehículos
De acuerdo con las recientes declaraciones del presidente Nicolás Maduro, se recuperaron al menos 500 vehículos de alta gama, los cuales se asignaron a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), a lo que el dirigente instó a dar prioridad a otros sectores de mayor demanda en el país.
«Si bien es cierto, la PNB necesita instrumentos para velar por la seguridad de los venezolanos, pero muy bien esos bienes, que en primer lugar se pueden subastar manera pública, con ese dinero se puede comprar otros vehículos para un mejor patrullaje e invertir la mayor cantidad de recursos en el sistema público», enfatizó.
Lee también: Maduro convocó al pueblo en lucha contra la corrupción
Recordó que ante la crisis, en el Hospital Central de Maracay, un ciudadano que asiste a servicio de emergencia tiene que comprar sus implementos, mientras que el sueldo mínimo se encuentra en 130 bolívares, por ello otras áreas deben ser prioridad.
«Nosotros abogamos en primer lugar porque se respete la Constitución y las leyes. Porque el procedimiento de incautación sea el adecuado y no con leyes sobrevenidas con un fin específico de perseguir a los corruptos», finalizó.
HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo
