Como Rosmary Rusbely Palma Rodríguez (20) quedó identificada la muchacha que murió el pasado 30 de enero del presente año en las instalaciones del Hospital Doctor Victorino Santaella, tras ingresar el 24 del mismo mes, luego de presentar una fuerte infección producto de una mala praxis médica, generada durante un aborto clandestino.
Tras conocerse la denuncia sobre su muerte en circunstancias muy extrañas, una comisión de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Guarenas, inició las pesquisas y detuvo a los responsables, entre ellos los padres de la víctima.
Los sospechosos responden a los nombres de Mariyuli Rodríguez Sánchez (44) y Rubén Jesús Palma Ibarra (53), quienes habrían llevado su hija hasta el sector Las Casitas, parroquia Guatire, municipio Zamora para realizarle un legrado con Ana Yelisbeth Álvarez Aranguren (43), (profesional de medicina- médico integral, fisioterapeuta y ginecólogo obstetra), quien le realizó el procedimiento incompleto, generando que Rosmary tuviera sangrados intensos por varios días.
Los padres de la joven al notar que no controlaban el sangrado, optaron por consultar a Ana, quien les indicó que la llevara al hospital de la entidad, ya que estaba séptica; una vez en el centro de salud, los médicos trataron de controlar la infección; sin embargo, a pesar de los esfuerzos, ésta falleció producto de la infección.
Continuando las pesquisas, también fueron detenidos Juan Carlos Martínez Betancourt (49), Maydelin Nayflor Martínez Rodríguez (23), (padre e hija), quienes se dedicaban a captar a jóvenes en estado de gravidez que se encuentran dudosas de continuar con los mismos, por lo que les ofrecen interrumpirlos con Ana por un monto de 120 dólares.
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Esta red hamponil operaba en la parroquia Guatire, donde realizaban estos procedimientos sin cumplir las medidas sanitarias; al inspeccionar el lugar, los pesquisas encontraron como evidencias, varios implementos utilizados en ginecología y medicamentos para tratar diversas patologías.
Todos quedaron a la orden de la Fiscalía 30º del Ministerio Público del estado Miranda.
LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo
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