La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, que se encuentra enfrentada con el presidente, Daniel Noboa, trató este viernes por segunda vez, sin éxito, de ingresar a las oficinas de la Vicepresidencia en Quito, en busca de que se cumpla la sentencia judicial que anuló la suspensión de cinco meses impuesta por el Gobierno y que ordenó su restitución en el cargo.
Abad llegó a la sede de la Vicepresidencia acompañada de la jueza Nubia Vera, la magistrada que declaró invalida la suspensión que la administración de Noboa le impuso a la vicepresidenta y que, tras emitir su resolución, denunció presuntas presiones del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, para resolver a favor del mandatario.
Vera había convocado para este viernes una audiencia con el propósito de evaluar el cumplimiento de su fallo previo, lo que contempló también el traslado a la puerta de la Vicepresidencia para constatar que a Abad no se le está permitiendo ingresar.
La vicepresidenta ya había intentado acceder a las oficinas, situadas a espaldas del presidencial Palacio de Carondelet, a finales de diciembre pasado, cuando Vera emitió su fallo.
Al verse impedida nuevamente de entrar a la sede de la Vicepresidencia, Abad señaló que la situación «es inmoral, un abuso de poder para los ecuatorianos» del que aseguró que no existen precedentes, según citaron algunos medios locales que lograron estar presentes en ese momento.
La suspensión que le impuso el Gobierno fue a raíz de que, según el Ejecutivo, Abad no se presentó en el plazo señalado en Turquía, a donde había sido trasladada desde Tel Aviv ante las crecientes tensiones en Oriente Medio mientras ejercía el cargo de embajadora de Ecuador en Israel.
Sin embargo, la jueza Vera anuló la suspensión al señalar que esta había sido impuesta sin una base legal que sustentara ese castigo.
Impedida de reemplazar a Noboa
Esta sanción impedía a Abad asumir las funciones presidenciales durante la campaña electoral para los comicios, como finalmente se ha visto impedida por Noboa pese al fallo judicial que anulaba la sanción, pues el gobernante nombró por decreto a una vicepresidenta interina de su confianza a la que le delegó la Presidencia en los días que él realizaba actividades electorales.
Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inconstitucionales los decretos en los que Noboa delegaba la jefatura del Estado en Cynthia Gellibert, la secretaria de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, a la que él designó como «vicepresidenta encargada».
Después de no lograr su propósito de entrar a las oficinas de la Vicepresidencia, Abad publicó una carta en las redes sociales donde solicitó a Noboa un espacio de diálogo con miras a una reconciliación entre ambos de cara a los últimos meses que estará en el cargo, pues el mandatario busca reelegirse con la empresaria María José Pinto como candida a vicepresidenta.
Incluso manifestó su disposición a viajar a Turquía para ejercer de consejera comercial de la Embajada de Ecuador, conforme Noboa la había designado después de que fuese anulada su suspensión.
Un largo y denso enfrentamiento
El enfrentamiento entre Noboa y Abad comenzó durante la campaña electoral de las elecciones extraordinarias de 2023 -sin mayor explicación pública- y se ha agudizado con una maraña de recursos legales y demandas en distintos fueros judiciales de Ecuador.
La vicepresidenta había calificado los decretos que delegaban la Presidencia en Gellibert como un «golpe de Estado» e incluso ha exhortado a la Organización de Estados Americanos (OEA) a aplicar la Carta Democrática Interamericana por considerar que en Ecuador se ha roto el orden constitucional.
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Tras la sentencia de la Corte Constitucional, solicitó a los entes de control del Estado tomar acciones contra Noboa.
Asimismo, llegó a acusar a Noboa de mantener una «actitud dictatorial» y liderar un presunto acoso contra ella para forzarla a dimitir, con acciones como enviarla de embajadora a Israel y luego imponerle la suspensión de cinco meses.
Incluso denunció a Noboa y a varios miembros del Gobierno por presunta violencia política de género, lo que fue respondido con contrademandas hacia ella en el mismo sentido que se dirimen en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), quien puede sancionar esa conducta hasta con la destitución del cargo.
EFE
AC
