Los pueblos indígenas de Nicaragua están sufriendo violaciones a sus derechos humanos a través de violencia y despojo de sus territorios, en lo que es necesaria la acción de la comunidad internacional.
Así lo denunciaron este viernes las organizaciones Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Right Livelihood en un pronunciamiento conjunto desde San José y Ginebra, en el que expresan su “profunda preocupación” por la situación que atraviesan los pueblos indígenas nicaragüenses.
ACTOS DE VIOLENCIA
Las organizaciones afirman que “la violencia sistemática no cesa” contra los pueblos indígenas Miskitu y Mayangna de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, y que desde el 2015 se ha registrado un elevado número de actos de violencia por parte de colonos.
Además de los ataques violentos, se han producido invasión y apropiación de territorios y el incendio de las viviendas indígenas y sus cultivos, lo que “ha generado una crisis alimentaria y el desplazamiento forzado interno”, señala el pronunciamiento.
“Tan solo en el primer semestre de 2023 se han registrado los asesinatos de al menos 7 pobladores pertenecientes a dichas comunidades. Entre estos ataques también se encuentran abusos, secuestros, amenazas de muerte y violaciones sexuales”, aseguran CEJIL y Right Livelihood.
PERMISO DEL GOBIERNO
El pronunciamiento también señala la situación de violencia derivada también del impacto de las empresas extractivas que operan en los territorios con el permiso del Gobierno de Daniel Ortega.
“Situaciones como las descritas han generado una crisis humanitaria que se agrava con el paso del tiempo a raíz de la falta de saneamiento, de acceso a alimentos, así como dificultades para realizar actividades de caza y pesca. Ello también se agrava en tanto la impunidad de las violaciones sigue siendo una constante”, agrega el texto.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Las organizaciones recordaron que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) han ordenado numerosas medidas de protección en favor de 15 comunidades de los pueblos indígenas Miskitu y Mayangna.
CEJIL y Right Livelihood señalaron que en nicaragua existe “un contexto de violencia sistemática, deuda histórica por parte del Estado de Nicaragua hacia los pueblos indígenas y falta de cumplimiento de las obligaciones estatales”.
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Las organizaciones piden a la comunidad internacional “dar seguimiento a la preocupante situación” a través de acciones que busquen “visibilizar su situación y generar protección, demandar a las empresas el respeto a los derechos humanos de estas poblaciones, y al Estado el cumplimiento a las medidas de protección y la garantía de sus derechos a la vida e integridad, económicos, sociales y culturales, así como a la libre determinación”.
FG
