Las autoridades de Estados Unidos están encargadas del proceso de extradición de Alejandro Toledo, acusado de presuntos hechos de corrupción. El expresidente es señalado por haber recibido más de US$25 millones de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de ayuda para obtener contratos de obras públicas
El exmandatario, que ocupó la presidencia de su país entre 2001 y 2006, rechaza las acusaciones.
Ante su inminente extradición, Alejandro Toledo le dijo este jueves a la agencia EFE: «Le pido a la justicia peruana que no me mate en la cárcel, déjenme luchar con argumentos».
Afirmó que repudia la corrupción y que «nunca» recibió «ni un solo dólar malhabido».
El jueves, una jueza federal de EEUU desestimó su petición de suspensión de la extradición concedida en febrero por el Departamento de Estado de EE.UU.
Silvana Carrión, procuradora peruana del caso, afirmó que agentes viajarán a Estados Unidos junto a fiscales para tramitar el traslado de Toledo a Lima.
«Su traslado a Lima dependerá de la llegada a Estados Unidos de las autoridades peruanas y del vuelo comercial más adecuado que se encuentre», le dijo a Canal N. «Podrían ser dos días o tres días para que Toledo este aquí», afirmó.
El expresidente estuvo detenido en California desde julio de 2019 hasta marzo de 2020, cuando pasó a arresto domiciliario.
La fiscalía en Perú reiteró este viernes que solicitará una condena de 20 años de prisión para Toledo.
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Acusaciones de corrupción
Desde 2015, Toledo es investigado judicialmente por dos casos de presunta corrupción.
Primero fue acusado de lavado de activos por la compra de dos inmuebles a nombre de su suegra, valorados en unos US$4,5 millones, con fondos presuntamente no declarados.
Estas adquisiciones se realizaron, según la fiscalía, a través de una empresa «fantasma» creada en Costa Rica bajo el nombre de Ecoteva.
Poco después fue viculado con el escándalo internacional de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
En noviembre de 2016, Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en Perú, aseguró a la fiscalía de ese país que la constructora le pagó US$20 millones a Toledo a cambio de la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.
El contrato para construir esta vía, que une el sur de Perú con Brasil, se firmó en agosto de 2005.
Millones de dólares en sobornos
Barata, sin embargo, habló de un monto superior y dijo que los sobornos ascendían a US$31 millones. Finalmente la fiscalía peruana ubicó el monto en alrededor de US$25 millones.
El dinero habría sido transferido a cuentas offshore del empresario peruano-israelí Josef Maiman, amigo de Toledo en ese entonces y luego colaborador de la fiscalía peruana. Maiman, en declaraciones a los fiscales citadas por medios peruanos, afirmó haber recibido hasta US$35 millones como sobornos para Toledo.
De esta cantidad, cerca de US$4 millones corresponderían a sobornos de Camargo Correa, otra constructora brasileña, para la adjudicación del tramo 4 de la Interoceánica, según Maiman.
La defensa de Toledo ha alegado que Maiman ha incurrido en contradicciones y que es el empresario quien debe probar que los pagos que recibió iban destinados a Toledo.
Los presuntos sobornos fueron parte de un paquete de coimas a mandatarios y funcionarios latinoamericanos que ejecutivos de la constructora reconoció ante las autoridades judiciales estadounidenses. Cifraron los pagos en cerca de US$788 millones.
Estos pagos no solo implicaron a Toledo en Perú, sino también a los expresidentesAlan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
ElSiglo Información El Nacional
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