El Gobierno mexicano se comprometió este martes a “implementar” las recomendaciones del informe presentado en Ginebra (Suiza) del Comité de la ONU Contra las Desapariciones Forzadas (CED) tras su visita a México a finales del pasado año.
“El Estado mexicano agradece el trabajo del comité y recibe sus recomendaciones respetuosamente con el compromiso de implementarlas de buena fe”; detalló en un boletín la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.
El comunicado explicó que será la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración; “la institución encargada de coordinar los esfuerzos para trabajar en una estrategia de atención a las recomendaciones hechas por el CED”.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) publicó hoy su informe sobre la visita a México que llevó a cabo entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021.
La visita fue “muestra del compromiso de nuestro país con la promoción y protección de los derechos humanos; así como de la apertura al diálogo constructivo y la cooperación internacional”, indicó la SRE.
Durante su estancia en México, la delegación del CED sostuvo reuniones con 88 autoridades y visitó 13 entidades federativas: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa; Tamaulipas y Veracruz.
Además, recordó el texto, se tuvieron reuniones con autoridades estatales de alto nivel y se reunieron con colectivos de víctimas; llevando a cabo algunas actividades de búsqueda en campo.
“En la presentación de su informe, el Comité CED agradeció el valioso apoyo y apertura del Estado mexicano para lograr la visita y que esta se diera en un marco constructivo. También hizo énfasis en los retos que enfrenta el país; así como la voluntad del actual Gobierno para enfrentarlos”, aseguró el texto.
85 RECOMENDACIONES
Explicó que el informe presentado consta de dos partes y contiene 85 recomendaciones.
En las recomendaciones se señala; entre otras cosas, la necesidad de adoptar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas, al igual que las prioridades para atender dicha política y las condiciones mínimas para que esta sea “eficaz y efectiva”.
También se insta a fortalecer las instituciones nacionales y los procesos de búsqueda e investigación; de garantizar la coordinación sistemática y efectiva de las instituciones y de remover obstáculos en la judicialización y crisis forense.
Adicionalmente, se recomienda facilitar el acceso a la búsqueda; verdad, justicia y reparación con “enfoque diferencial” y a reconocer “el papel de las víctimas”.
“De igual modo, el comité reconoce importantes avances normativos, institucionales y jurisprudenciales en México como la adopción de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas (…) y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; así como de la Ley General de Víctimas”, aseguró la SRE.
El comité también destacó la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la creación de comisiones locales de búsqueda y de las fiscalías especializadas en la materia; entre otros puntos.
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Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO); México acumula 98.877 personas desaparecidas y no localizadas desde 1964 -cuando comenzaron los registros- a la fecha.
De estos; más de 73.800 son hombres y casi 25.000 son mujeres.
La tragedia de los desaparecidos, que se suma a una crisis forense; tomó fuerza a partir de 2006, coincidiendo con el comienzo de la llamada guerra contra el narcotráfico en México.
