Durante su participación en la Segunda Reunión Temática de la Comisión de Estupefacientes (CND, por sus siglas en inglés) el Estado venezolano estableció su posición sobre las propuestas de fiscalización del cannabis y sustancias relacionadas, al considerar su impacto directo en la salud pública.
La Oficina Nacional Antidrogas (ONA), en su carácter de miembro observador de la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), argumentó que el régimen de control propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS), al ser más flexible, podría ocasionar el desvío para el uso indebido.
La intervención de Venezuela fue bien recibida por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), pues le permitió a este organismo aclarar aspectos relacionados a la formulación de la recomendación generada desde la OMS, argumento de peso para distanciar aún más las votaciones entre los Estados miembros a favor de estas recomendaciones y que propondrá futuros debates en estas instancias internacionales.
La delegación de la ONA encabezada por Alberto Matheus Meléndez, participó activamente en las discusiones que se generaron en torno a la Recomendación 5.6 (relativa a los preparados de cannabis y/o dronabinol) realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), argumentando que la sustancia de uso médico tiene las mismas propiedades adictivas que la planta de cannabis.
Con base a las tres recomendaciones de la OMS, discutidas en el espacio internacional, la mayoría de los países manifestaron opiniones calificadas en relación a los desafíos sociales, legales y administrativos, que supondrían añadir a la Lista III de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 los preparados que contengan delta-9-tetrahidrocannabinol (dronabinol) obtenidos mediante síntesis química o como preparados de cannabis.
Matheus expresó que Venezuela es respetuosa de las convenciones sobre drogas, como piedra angular del Sistema Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, al tiempo que señaló que las recomendaciones planteadas esbozarían retos importantes al régimen de fiscalización.
Durante los días 24 y 25 de agosto, la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) participó en estas reuniones que se realizaron bajo un formato virtual, desde la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Viena, Austria, indica un boletín de prensa.
