En toda revolución (tecnológica, en este caso) cada país debe escoger cómo afronta la situación.
Así, algunos países han decidido, como es el caso de China, establecer un plan quinquenal para la introducción de las nuevas tecnologías, apostando de forma muy firme por el 5G y por la llamada tecnología de registros distribuidos (DLT, y, la más conocida de ellas, el blockchain) y creando un marco legislativo, político, social y económico que favorece el desarrollo de estas tecnologías.
España, pero, no sigue este camino. La aprobación de la llamada “Ley de mordaza digital”, mediante una figura extraordinaria (el Real Decreto-Ley), sin consultar a los agentes implicados, sin celebrar un debate en el seno del Congreso de los Diputados y de forma rápida y con una calidad (legislativa y técnica) más que discutible, es un nuevo freno al desarrollo de nuestro país.
Y un nuevo ejemplo de incapacidad de afrontar la Revolución 4.0, que se añade a otros tantos casos, como el de la gig economy, donde hemos visto como la regulación de la actividad de empresas como Uber, Cabify o Glovo generaba incertidumbre e inseguridad; sin duda, estamos ante un gran error estratégico que está cometiendo nuestro Estado.
