Los migrantes enviados por Italia a los centros de detención y expulsión de Albania no tienen los mismos derechos legales que el resto de solicitantes de asilo, ya que se encuentran aislados, sin posibilidad de un asistencia legal y sus practicas se ven aceleradas, denunciaron a EFE desde la organización ‘Tavolo Asilo’, que agrupa a 20 ONG.

Las autoridades de Italia denegaron este jueves la petición de asilo de 43 de los 49 inmigrantes enviados a los centros construidos en Albania, por verla «infundada», y esperan ahora el parecer de la justicia antes de proceder a su repatriación.

Los 49 inmigrantes fueron recluidos en los centros de Albania el pasado martes, tras ser interceptados en el Mediterráneo central y llevados por el barco militar italiano Cassiopea, pero 6 de ellos han acabado en Italia por ser menores o personas vulnerables.

Ahora, explica a EFE Francesco Ferri, de la ONG Action Aid que ha visitado estos días los centros, no tendrán el tiempo de poder presentar una apelación como el resto de migrantes ya que «no pueden recibir información de forma independiente sobre su situación legal» y «es muy difícil tener una relación con el abogado por la distancia y esto, digamos, anula el derecho al asilo».

«El contacto entre estas personas y sus abogados solo se produjo ayer por la tarde y ya esta mañana el Tribunal de Apelación de Roma se ocupará de la detención de estas personas», denuncia Ferri.

Tras denegar el derecho de asilo, ahora los solicitantes tendrán 7 días para recurrir a la Corte de Apelación, lo que resulta casi imposible, subraya.

Respecto al resto de migrantes que se encuentran en otros centros distribuidos en el territorio italiano, «podemos decir con absoluta certeza que (los recluidos en Albania) tienen menos derechos porque su solicitud de asilo se evalúa más rápidamente, pues se trata de un procedimiento fronterizo acelerado y por tanto, sin posibilidad, de hecho, de estar realmente preparados para la solicitud de asilo».

Además, añade, «la falta de derechos se ve agravada también por el hecho de que estas personas se encuentran en Albania y por lo tanto en condiciones de aislamiento en un país al que no querían llegar y sin posibilidad de contacto con la sociedad civil, con el abogado o con operadores independientes».

Action Aid denunció el jueves que este modelo implementado con el acuerdo entre la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homólogo albanés, Edi Rama, «tiene como único objetivo anular el derecho de asilo y seguir proponiendo una imagen negativa y criminalizadora de quienes llegan a las costas».

Este es el tercer intento del Gobierno de Giorgia Meloni de poner en marcha su polémico plan de internar en Albania a inmigrantes irregulares interceptados en su camino a Italia por mar.

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EFE

SG

Cientos de manifestantes convocados por partidos opositores y organizaciones de la sociedad civil exigieron este viernes la destitución de la vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, quien se enfrenta a tres procesos formales para expulsarla del cargo en medio de su ruptura con el presidente, Ferdinand Marcos Jr.

«Nuestro deseo de proteger a la gente de abusadores y ladrones está claro, ¡destituyan a Sara ahora!», afirmó en la red social Facebook Perci Cendaña, miembro de la formación política Akbayan y diputado en la Cámara de Representantes, la cámara baja del Congreso filipino.

La vicepresidenta se enfrenta a tres solicitudes formales de destitución, tras haber sido acusada por varias organizaciones y partidos opositores de corrupción, sobornos y traicionar la confianza pública.

Todas ellas fueron presentadas el pasado diciembre ante la Cámara de Representantes, pero los manifestantes denunciaron este viernes que se encuentran paralizadas.

«Mientras que los ciudadanos han cumplido con su deber al presentar estos casos, el Congreso tiene la obligación de defender la rendición de cuentas y la buena gobernanza mediante una acción decisiva», señalaron los organizadores de la manifestación.

Marcos Jr. y Duterte han pasado de liderar una exitosa campaña a la Presidencia en 2022 a protagonizar una sonada ruptura, marcada por amenazas de muerte y procesos de destitución.

La vicepresidenta abandonó el Gobierno el pasado junio, después de que la cámara baja del Congreso comenzara en 2023 una investigación sobre el uso de fondos reservados de Inteligencia.

El pasado noviembre, durante una rueda de prensa con periodistas afines, Duterte afirmó haber dado órdenes de matar al presidente si ella misma era asesinada. Ante la polémica creada, la vicepresidenta dijo luego que sus palabras no llegan a ser una amenaza de muerte al ser condicionales.

Sin embargo, el presidente declaró públicamente su oposición al proceso de destitución contra Duterte, argumentando que el procedimiento es engorroso y puede alargarse durante meses.

El pasado 13 de enero, cerca de 1,5 millones de seguidores de la comunidad cristiana Iglesia Ni Cristo desbordaron las calles de Manila para protestar contra los procesos de destitución a los que se enfrenta la vicepresidenta.

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EFE

SG

Unos 320.000 peruanos que se encuentran en Estados Unidos tienen una situación migratoria irregular, lo que equivale casi al 1 % de la población total en el país, informó este jueves el canciller, Elmer Schialer

El ministro aclaró que para la legislación de Estados Unidos se trata de un ilícito penal el hecho de que permanezcan irregularmente en su territorio, pero descartó que «alguna de esas camas sea para algún peruano», en referencia al centro de detención en Guantánamo anunciado por el presidente Donald Trump.

En entrevista con Canal N, Schialer detalló que, desde agosto de 2022 hasta enero de este año, Estados Unidos ha deportado a 12.048 peruanos por irregularidades en su estatus migratorio.

Añadió que actualmente «puede haber un cambio en los procesos de deportación», pero que no desean «tener peruanos detenidos en centros de detención para expulsión durante 3 o 4 meses».

Sobre los 74 peruanos que están retenidos en un centro de San Diego dijo que la Cancillería ha pedido que tengan «un trato digno» en esos centros de detención y, sobre todo, que «los deporten rápido».

El Gobierno peruano está diseñando un programa de asistencia para que los peruanos deportados de ese país tengan facilidades para convertirse en emprendedores de sus propios negocios y tener acceso a seguros de salud, entre otros beneficios, indicó el ministro de Exteriores.

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EFE

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