Desde el viernes 10 de enero, los municipios José Félix Ribas y José Rafael Revenga, en el estado Aragua, activaron de manera simultánea operativos de fiscalización orientados a la verificación de precios y al cumplimiento de los deberes formales en establecimientos comerciales, como parte de un despliegue preventivo, para garantizar la estabilidad económica y la protección del consumidor.
Las jornadas, ejecutadas por los gobiernos municipales con el acompañamiento de organismos de seguridad y entes reguladores, se desarrollaron en zonas estratégicas de ambas jurisdicciones, con énfasis en el control de precios de productos de primera necesidad, la revisión de permisos de funcionamiento y la detección de prácticas irregulares que afectan directamente el poder adquisitivo de la población.
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ACCIONES PREVENTIVAS EN REVENGA
En el municipio José Rafael Revenga, el despliegue estuvo enfocado en la verificación de precios en distintos establecimientos comerciales, como medida preventiva frente a posibles incrementos injustificados en artículos esenciales.
El operativo fue ejecutado por la Dirección de Hacienda Municipal y la Dirección Sectorial para el Desarrollo Económico, en articulación con el poder popular organizado, los organismos de seguridad ciudadana y la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde).
Durante el recorrido, las autoridades constataron el cumplimiento de los precios establecidos, así como la correcta exhibición de los mismos al público, con el objetivo de frenar prácticas especulativas y garantizar que los consumidores puedan adquirir sus productos con mayor confianza y tranquilidad.
Ciudadanos consultados durante la jornada manifestaron su receptividad ante la iniciativa, señalando que estas acciones contribuyen a la estabilidad de los precios y fortalecen la defensa de los derechos del consumidor.
El balance preliminar del operativo apunta a reforzar los mecanismos de control económico local y promover el orden interno en la actividad comercial del municipio.
Neglicer Arnald, comentó: «De verdad estoy satisfecha con esta medida que están realizando para que se mantengan los precios». Por su parte, Marcel Calderón expresó: «Esta medida me parece magnífica porque así la gente puede adquirir sus productos a un precio que se mantenga».
CONTROL ECONÓMICO
En el municipio José Félix Ribas, la actividad que comenzó el viernes, continuo el día de ayer, con la segunda jornada del despliegue especial de seguridad económica, con inspecciones en el centro de La Victoria y en el Mercado Campesino de La Mora. El operativo permitió fiscalizar un total de 15 establecimientos comerciales, arrojando como resultado un alto nivel de irregularidad administrativa en este último punto.
Las labores, ejecutadas por las direcciones de Asuntos Tributarios, Desarrollo Económico y la Policía Municipal, priorizaron la verificación de precios en comercios ubicados en la calle Rivas Dávila.
Durante las inspecciones, se cotejó que los precios exhibidos al público coincidieran con los registrados en sistema y se recordó la aplicación del margen máximo de ganancia del 30% en productos de la cesta básica, conforme a la Ley de Precios Justos.
Uno de los aspectos más relevantes detectados fue la ausencia de facturación legal en varios establecimientos, donde se constató la emisión de notas de entrega como práctica recurrente. Ante esta situación, las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a exigir su factura legal, al considerarla un instrumento indispensable para verificar el cumplimiento del precio justo y permitir la actuación institucional ante posibles irregularidades.
Más detalles
Al respecto, Mauricio Inojosa, director de Hacienda Municipal de Ribas, explicó que estas fiscalizaciones buscan ordenar el funcionamiento del comercio local y proteger tanto a los consumidores como a los comerciantes formales. Indicó que la factura legal permite verificar la estructura de costos y detectar posibles distorsiones en los precios.
En cuanto al Mercado Campesino de La Mora, el balance oficial reflejó que aproximadamente el 90% de los vendedores inspeccionados no cuenta con la permisología reglamentaria exigida, incluyendo licencia de actividades económicas, permisos sanitarios, certificaciones del Cuerpo de Bomberos, autorizaciones ambientales y uso conforme.
Las autoridades hicieron un llamado a los comerciantes a iniciar su proceso de regularización, con el objetivo de incorporarlos al sistema municipal y garantizar condiciones adecuadas de salubridad y seguridad.
De esta manera, ambos municipios avanzan de forma coordinada en el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización comercial, apostando por un equilibrio entre el orden económico, la legalidad y la protección del bienestar colectivo, todo esto siguiendo las directrices de las autoridades Nacionales, Regionales y Municipales.
DANIEL MELLADO | elsiglo
MG
