Raúl Maldonado, secretario general de la Federación de Trabajadores del estado Aragua (Fetraragua), manifestó su rechazo a la posición de Conindustria respecto a no aumentar el salario mínimo para no cumplir con el pago de la Ley de Pensionados, señalando que los trabajadores no deben seguir siendo sacrificados por un modelo económico que perjudica sus intereses.
«Ante esta posición de Conindustria quiero dejar claro que desde hace algunos años las cúpulas empresariales como Fedecámaras, Conindustria y Fedeindustria, se han mantenido en una alianza con el Gobierno nacional y han establecido políticas económicas que van en contra de los intereses de los trabajadores. Por esta razón, si el Gobierno los obliga a un pago de esta naturaleza a través de una ley, es un problema de los empresarios con su aliado que es el Gobierno y no de sus trabajadores», resaltó.
Asimismo, señaló que desde Fetraragua ratifican que el salario mínimo debe conjugarse con el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantiza la dignificación del poder adquisitivo de los trabajadores y establece una relación y una vinculación para enfrentar el índice inflacionario generado en el país.
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«Es por esta razón que rechazamos esta posición y hacemos un llamado para que el salario mínimo, si es una emergencia y hay un planteamiento serio por parte de las centrales de los trabajadores, quienes plantean un inicio de 200 dólares mensuales hasta estabilizar el ingreso con la cesta básica como lo establece la Constitución», enfatizó.
FETRARAGUA
No obstante, aseveró que los trabajadores mantienen su posición, por lo que entiende que la política económica del Estado atenta contra la inversión extranjera nacional, «es una situación generada por el Estado, pero los trabajadores no podemos seguir siendo sacrificados en toda una situación donde el Gobierno ha administrado mal el fondo de pensiones y por supuesto donde se conjugan los intereses de los trabajadores», condenó.
Recordó que el mismo Estado establece que el impuesto del 9% será administrado por el Seniat y no por el Seguro Social, que en todo caso sería el mecanismo donde se hará el descuento a los trabajadores.
«Entendemos que esta ley de presunta protección de los pensionados y los jubilados, es una ley electorera que jugará para la creación de un fondo sin fondo que será administrado por el Gobierno y no por el mecanismo que tiene que ser donde esté el descuento de los trabajadores», finalizó.
HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo
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