El Gobierno de Perú ratificó este jueves que las estrategias “más importantes” en materia de seguridad, lucha contra el crimen y del sistema penitenciario impulsadas por El Salvador serán puestas en práctica en el país andino, a pesar de las denuncias de organizaciones de derechos humanos.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos peruano, Eduardo Arana, visitó El Salvador en los últimos días para intercambiar experiencias sobre políticas públicas en materia de reforma de justicia y políticas penitenciarias.
“Si funcionan estos penales bien en otros países, pues hay que traer la experiencia y, lo decimos con toda sinceridad, esa experiencia es posible traerla al Perú”, declaró el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, sobre el viaje de Arana durante una rueda de prensa.
Afirmó que el Gobierno quiere “penales en donde los presos no hagan llamadas extorsionadoras, no corra la droga y donde no delincan quienes están presos”.
Poco después, el propio ministro Arana anunció este jueves que ha entregado al Consejo de Ministros su informe después de visitar el país y reunirse con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el que ha presentado varias propuestas al Ejecutivo sobre el sistema penitenciario y medidas contra la inseguridad.
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Más detalles de estrategias de seguridad en Perú
“Desde luego que sí. No todas pero sí algunas y las más importantes las vamos a tener”, contestó el ministro cuando la prensa le preguntó si se pueden aplicar estrategias utilizadas en el país centroamericano en Perú.
Añadió a medios de comunicación que El Salvador inició hace dos años un proceso de reformas en el que el país partía con un 98 % de inseguridad ciudadana y un 2 % de control, y ahora esta situación “se revirtió”, y cuenta con un 2 % de inseguridad ciudadana y 98 % de control.
Y sostuvo que el nivel de seguridad pública que tiene ahora El Salvador “no es solamente penal”, si no que se trata de un compromiso que tiene el Estado con la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y la ciudadanía.
Según datos que ofreció Otárola la semana pasada, en Perú hay casi 100.000 presos, la mitad de los cuales no tiene sentencia, y al Gobierno le “preocupa mucho aquellos presos por delitos violentos que podrían seguir desde la prisión dirigiendo mensajes y organizaciones criminales para la extorsión”.
EFE
MG
