El rechazo contra el golpe de Estado perpetrado el miércoles por militares en Gabón siguió creciendo, con las condenas de dos de sus países vecinos, Guinea Ecuatorial y Camerún, y el nombramiento de un mediador regional.
El presidente de la República Centroafricana (RCA), Faustin Archange Touadéra, fue el elegido por la Comunidad Económica de Estados de África Central (Ceeac) como facilitador para resolver la crisis en Gabón, cuyo líder derrocado, Ali Bongo, ocupaba precisamente la Presidencia de turno del bloque desde el pasado febrero.
La organización había condenado «el uso de la fuerza como vía de resolución de conflictos políticos y de acceso al poder», además de pedir un «diálogo republicano» que permita «un rápido retorno al orden constitucional».
Poder a los civiles
Camerún y Guinea Ecuatorial, que comparten frontera con Gabón, condenaron el levantamiento y pidieron que se devuelva el poder a los civiles.
«Camerún condena el cambio inconstitucional de Gobierno, que viola los principios y valores fundamentales de la Comunidad Económica de Estados de África Central y la Unión Africana», dijo en un comunicado emitido a última hora de ayer el ministro de Comunicación camerunés, René Emmanuel Sadi.
Por su lado, el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, afirmó a través de la red social X (antes Twitter) que «el general Brice Oligui Nguema (nuevo presidente de transición nombrado por los golpistas), primo de Ali Bongo, debe iniciar una transición inmediatamente y devolver el poder a los civiles».
Ambos países llevan décadas gobernados por los mimos líderes, con el camerunés Paul Biya en el poder desde hace cerca de 41 años y el ecuatoguineano Teodoro Obiang al frente de su país desde 1979 -cuando derrocó a su tío en un golpe de Estado-, lo que hace de él el presidente que más tiempo lleva en el poder en el mundo.
Crisis en Gabón
La crisis en Gabón causó también ecos más allá de las fronteras africanas, cuando los abogados en Francia de la primera dama del país, Sylvia Bongo, que tiene la doble nacionalidad, presentaron este viernes en París una denuncia por su detención arbitraria tras el golpe.
Según explicaron fuentes del bufete de abogados Zimeray y Finelle, la denuncia, que está «en curso de registro», señala su privación de libertad mientras los abogados conocen «muy pocos detalles» de su estado real, a pesar de haber podido tener «contacto directo» con ella.
Mientras, en territorio gabonés, la principal coalición de partidos opositores del país, Alternancia 2023, pidió anoche a la junta militar dialogar con ellos para compartir el poder, al asegurar que su líder, Albert Ondo Ossa, ganó las polémicas elecciones del pasado día 26.
Según la formación opositora, que felicitó a los golpistas, el diálogo es vital para «evitar el aislamiento de la comunidad internacional, las sanciones de las instituciones financieras internacionales y de los socios para el desarrollo».
Por su lado, la Unión Africana (UA) exigió ayer la «liberación inmediata y la garantía de los derechos humanos, la integridad personal, la seguridad y la salud» de Bongo, bajo arresto domiciliario desde el golpe, así como de su familia y de los miembros detenidos de su Gobierno.
Golpe de Estado
Los golpistas acusaron al Ejecutivo gabonés de gobernar «irresponsable e impredeciblemente» y acusaron a Bongo de «alta traición a las instituciones del Estado» y «malversación masiva de fondos públicos», entre otros delitos.
La familia del mandatario -que se convirtió en presidente después de la muerte de su padre, Omar Bongo, en 2009- ha estado en el poder desde 1967.
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El golpe de Estado en Gabón, una de las potencias petroleras de África subsahariana, es el segundo que se produce en poco más de un mes en África, después de que el Ejército tomase el poder en Níger el pasado 26 de julio.
MV
