La ONG de Venezuela Provea denunció este jueves la detención del sindicalista y trabajador humanitario Gabriel Blanco en su casa en Caracas y alertó sobre una “nueva ola” de capturas “selectivas” de trabajadores, activistas sociales y dirigentes políticos de oposición.
La organización detalló, en una nota de prensa, que a las 00.52 hora local (04.52 GMT) de hoy, funcionarios de la Dirección de Investigaciones Estratégicas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) llegaron a la vivienda de Blanco, donde -aseguró- ya se encontraban casi 50 policías, con una orden de aprehensión por los delitos de terrorismo y asociación para delinquir.
El activista de una “importante agencia humanitaria” con presencia en el país -que la ONG no detalló- y dirigente de la Alianza Sindical Independiente (ASI) fue trasladado a la sede de la PNB.
Provea responsabilizó a las autoridades de “cualquier abuso que pueda afectar la integridad física y psíquica” del sindicalista.
Además, alertó que otras cuatro personas fueron detenidas desde el pasado lunes, entre ellas los militantes del partido opositor Bandera Roja (BR) Alcides Bracho en Caracas, Alonso Meléndez en el estado Falcón (noroeste) y Néstor Astudillo en Miranda (centro).
También fue detenido el dirigente sindical Emilio Negrín, tras ser acusado, junto con Bracho, de “haber cometido delitos tipificados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Lodofat)”.
Sus familiares, sin embargo, sostienen que se trata de “un castigo” por haber participado en manifestaciones antigubernamentales, según Provea.
La ONG denunció también que cuerpos de seguridad “allanaron sin orden judicial las viviendas” de otros tres militantes de Bandera Roja.
Provea reiteró que la gestión del presidente Nicolás Maduro “insiste en criminalizar los derechos a la libre asociación y reunión pacíficas y el ejercicio de la libertad sindical, garantizados en los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, la Constitución nacional y la legislación vigente”.
“Las más recientes víctimas de la recurrente persecución gubernamental son los trabajadores y dirigentes sociales, movilizados por la defensa de sus derechos y conquistas, en medio de una severa crisis que ha agudizado la desigualdad, la pobreza y la precarización de las condiciones de vida”, agregó.
FUENTE: EFE
