Cicpc detuvo a tres ciudadanas por ejercicio ilegal de la odontología

A través de su cuenta personal en la red social de instagram, el comisario general Douglas Rico, director nacional del Cicpc, informó que una comisión de la Delegación Municipal Mérida, tras varias diligencias e investigaciones de campo, atendiendo denuncias del pueblo, logró la captura de tres mujeres incursas en el ejercicio ilegal de la odontología.

Comisario Douglas Rico, director nacional del Cicpc

La captura de las sospechosas se ejecutó en la avenida 3, específicamente en el Centro Comercial La Casona 1, en donde funciona una clínica dental, conocida como Laverde Riverol.

De acuerdo a las querellas, las mujeres se dedicaban a realizar trabajos de odontología, sin estar tituladas para tal especialidad y además cobraban altas sumas de dinero. Tampoco contaban con los permisos correspondientes a la municipalidad.

Rico detalló que los sabuesos realizaron intensas investigaciones y trabajos de campo, tras recibir denuncias a través de la red social Instagram y determinaron que Jakeline Laverde De Riverol (46), de nacionalidad colombiana; Arianne Riverol Laverde (24) y Yailin Riverol Laverde (38), poseían un local comercial donde funcionaba una clínica dental y realizaban tratamientos de odontología, extracciones dentales, ortodoncias y diversos procedimientos especiales, sin tener ningún tipo de preparación académica ni la permisologías requerida, poniendo en riesgo la salud de la población.

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Detalló que al momento de la detención, se ubicó como evidencias 10 elevadores, siete tijeras, siete pinzas matheus, cuatro espejos bucales, ocho espátulas, 40 instrumentos odontológicos, 21 fórceps, tres carpules, un sello alusivo a la clínica, 56 récipes a nombre de Jakeline Laverde, una lámpara fotocurable, seis cubetas de impresión, dos cajas de algodón, tres modelos dentales, siete arcos bucales, ligas dentales y, documentos varios.

La actuación de los funcionarios quedó en manos de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público, y ahora las mujeres tendrán que rendir cuentas ante la justicia.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo