Este miércoles la oposición venezolana valoró como “un paso muy importante” para determinar responsabilidades en el informe de la Misión Internacional de Investigación, encargada por la ONU para documentar la situación en el país, en el que se acusa al Gobierno y a los organismos de seguridad estatales de cometer crímenes de lesa humanidad.
«Es un paso muy importante esto que ha ocurrido el día de hoy, que una misión independiente determine que en Venezuela la violación de los derechos humanos es una política de Estado», el diputado opositor Miguel Pizarro.
«Es importantísimo, sobre todo por ese esfuerzo nuestro de determinar las responsabilidades individuales y las cadenas de mando dentro de los abusos y todas las tropelías que han ocurrido en Venezuela», añadió.
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Pizarro también dijo que el informe «es un paso en la dirección correcta en el largo camino» para la reparación y justicia de las víctimas, y que permite «dibujar los abusos» de cuerpos de seguridad del Estado venezolano, como el DGCIM, FAES y SEBIN, a los que acusó de ser «brazos de exterminio» y «persecución».
Los crímenes identificados por la Misión encargada por la ONU van desde ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, en una serie de 223 casos que se pudieron investigar y documentar en detalle, a pesar de que el Gobierno venezolano ha negado la autorización para que sus miembros entren al país.
Esos casos están relatados en un informe de 411 páginas elaborado por la Misión, que ha revisado un total de 2.891 casos para poder corroborar el patrón que han seguido estos crímenes en Venezuela, que, «lejos de ser aislados, fueron coordinados y cometidos conforme a políticas estatales».
