En sesión ordinaria, la Asamblea Nacional (AN), ratificó la ruta política integral planteada al país que permita la pronta celebración de elecciones presidenciales libres y transparentes, como salida a la crisis generalizada y que produzca la reinstitucionalización democrática en Venezuela.
En sesión ordinaria, vía video meeting, celebrada este martes, el ente legislativo aprobó un acuerdo, que reconoce la necesidad de reintegrar todas las ramas del Poder Público Nacional y rescatar el verdadero contrapeso institucional que determina la Constitución de Venezuela.
Se reafirmó el respaldo a la propuesta de Acuerdo Político y la ruta política integral realizada por este parlamento y su presidente Juan Gerardo Guaidó, que contiene la convocatoria a un proceso electoral presidencial libre, justo y transparente.
En el documento se establece como condiciones, el restablecimiento del derecho al sufragio para todos los venezolanos, dentro y fuera del país. Por lo que se plantea contar con un Registro Electoral confiable y auditado, así como garantizar que el voto sea libre, sin coacción o intimidación. Prohibición de migración de electores de sus centros electorales naturales.
Se exige el cese de las inhabilitaciones, enjuiciamiento y prisión de los dirigentes políticos y restablecimiento pleno de sus derechos a la participación política y la de todos los partidos políticos; restablecimiento de su dirigencia natural y el uso de sus símbolos, colores y bienes.
Plantean un nuevo Poder Electoral legítimo, designado por la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus competencias constitucionales, y de esta forma contar con un cronograma electoral que garantice el derecho al voto y a los lapsos correspondientes.
Una campaña electoral equitativa y el adecuado comportamiento del Plan República, respetando el proceso electoral y prohibiendo cualquier intervención ajena a la protección del acto electoral.
Contempla una auditoría de todos los procesos del sistema electoral, así como observación electoral nacional e internacional calificada en todas las etapas del proceso.
Exhorta a la comunidad internacional a los fines que aumenten la presión contra Nicolás Maduro, cese de sus funciones, y se abstenga de interferir en el funcionamiento de los partidos políticos independientes en aras de la restauración de la democracia en Venezuela y el Estado de Derecho.
Se afirma que el restablecimiento a la democracia solo se puede conseguir a través de la celebración de elecciones justas, libres y transparentes, con un CNE independiente y un TSJ imparcial, y con observación internacional independiente.
Se hizo un llamado a través de este documento a la FAN, iglesias, universidades y a todas las organizaciones, gremios y grupos que hacen vida política en el país a respaldar el contenido del acuerdo como solución política, constitucional, pacífica y perdurable a la crisis que hoy atraviesa el país.
El documento aprobado por unanimidad será remitido a la comunidad internacional, para su conocimiento y consideración. Además de dar publicidad a este acuerdo, para que los venezolanos tengan conocimiento de su contenido.
DOBLE ELECCIONES
Inició el debate, sobre este acuerdo, por el estado Zulia, Omar Barboza, quien precisó que está planteado, hacer dos elecciones previstas en la Carta Magna: la Presidencial que no se ha hecho, porque la del 20 de mayo de 2018 fue catalogado como un simulacro electoral y las parlamentarias que están pendiente.
“De allí que debemos prepararnos para hacer las dos elecciones mencionadas, juntas o separadas, pero para que puedan considerarse elecciones libres, justas y verificables, deben cumplir varias condiciones. Restablecimiento del derecho al sufragio para todos los venezolanos, incluyendo a los que han tenido que emigrar, y que tengamos un Registro Electoral confiable”, expresó Barboza.
Así mismo planteó la garantía del ejercicio del voto libre, sin coacción o intimidación, prohibición de migración de electores de sus centros electorales naturales. Cese de las inhabilitaciones y enjuiciamientos a los dirigentes políticos, y restablecimiento de sus derechos a la participación política. Así como un CNE independiente, integrado por ciudadanos designados por la Asamblea Nacional conforme a la Constitución y a la Ley.
También considera el parlamentario zuliano que las campañas electorales deben ser equitativas, con igual acceso a los medios de comunicación públicos y privados; prohibición de cadenas oficiales y del uso del dinero y bienes públicos para favorecer candidatos.
“El Plan República debe respetar el proceso electoral, limitándose a la protección del acto de votación. Auditoría de todos los procesos del Sistema Electoral, de las máquinas y del Sistema para el Proceso Automatizado. Observación electoral, nacional e internacional calificada, en todas las etapas del proceso”.
CON ESTE CNE NO
Por su parte el diputado por el estado Lara Macario González, aclaró que los diputados y los partidos democráticos no son abstencionistas., que no van hacer el papel de “tontos útiles” porque no se van a prestar a seguir el juego al Gobierno.
Reclaman un proceso electoral transparente para reinstitucionalizar al país, pero advierten que no con este CNE que aseguran que no es confiable y no va a garantizar un juego electoral limpio. “Queremos un registro electoral que incluya la diáspora que se llevó a los venezolanos, se saquen a los muertos, incluyan los nuevos votantes, y se pueda auditar todo el proceso electoral”.
“Lo que pretenden es que, en el mes de diciembre, con un descomunal fraude legitime al gobierno cubano que pretenden seguir imponiendo a los venezolanos, que tienen al país en una terrible crisis, económica y social que mantiene a 9.3 millones de venezolanos en pobreza crítica y en vilo con el resultado de la pandemia, porque no hay un sistema de salud para atenderla a la gente”, sentenció el diputado larense.
El diputado, por el estado Mérida, William Dávila, destacó que este debate gira en torno a la resolución del 26 de junio de 2020 del Consejo permanente de la OEA donde 21 países “desconocen por completo la designación ilegal de un CNE por un TSJ ilícito”.
“Esa resolución condena la sistemática conducta de Nicolás Maduro, por desconocer las funciones establecidas por las leyes como competencias del poder legislativo que representa la Asamblea Nacional. Condena además la intervención de los partidos políticos como AD, PJ, UNT y las amenazas al resto de las organizaciones políticas”.
NUEVA JUNTA AD HOC PARA PDVSA
Asímismo, la Asamblea Nacional de Venezuela nombró este martes a tres nuevos miembros en una junta directiva ad-hoc para la estatal Petróleos de Venezuela, que controla algunos de los activos en el extranjero más importantes de la petrolera.
Esta medida representa la última sacudida en el equipo que tiene en el extranjero el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien ha dicho que parte de su estrategia es defender los activos del país en el exterior, incluido el refinador estadounidense Citgo Petroleum Corp, filial de Pdvsa y del cual están detrás acreedores que buscan cobrar deudas impagas.
Uno de los nuevos miembros de la junta ad-hoc es Horacio Medina, un exejecutivo de Pdvsa que encabezó la huelga de 2002 en protesta por las políticas de Hugo Chávez, el predecesor y mentor de Maduro. Medina estuvo entre los miles de empleados con experiencia que fueron despedidos de la compañía por la huelga.
Los otros dos nuevos integrantes son Javier Linares, que actualmente forma parte de una junta ad-hoc de otra subsidiaria de Pdvsa responsable de las asociaciones con empresas extranjeras, y Luis Vilchez, un exgerente de proyectos de Pdvsa.
La designación de los nuevos miembros se produce después de que algunos integrantes de la junta renunciaran hace un mes como el economista Alejandro Grisanti y la consultora de petróleo María Lizardo. Grisanti dijo en su carta de renuncia que tenía que volver a sus actividades profesionales después de 15 meses en la junta, dado que su cargo no fue compensado.
El principal representante legal en el extranjero de Guaidó, José Ignacio Hernández, también anunció su renuncia a principios de mes e hizo un llamado urgente a reestructurar “el sistema de defensa judicial del estado”.
