La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ACNUDH), confirmó este viernes que se produjeron graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas que iniciaron en Chile hace casi dos meses.
“Existen razones fundadas para creer que desde el 18 de octubre se han cometido un elevado número de violaciones de derechos humanos de manos de Carabineros y militares en Chile entre las que se encuentran el uso excesivo e innecesario de la fuerza que ocasionó muertes ilícitas y heridas, tortura y malos tratos, violencia sexual, y detenciones arbitrarias“, destacó el informe presentado por la ONU.
Un equipo de la alta comisionada, Michelle Bachelet, documentó 113 casos específicos de tortura y malos tratos, y 24 casos de violencia sexual contra mujeres, hombres, niños y niñas adolescentes, perpetrados por miembros de estos organismos de seguridad.
El documento, publicado en el portal de la ONU, describió el uso desproporcionado de las armas menos letales, que le causaron heridas oculares a unas 350 personas.
La oficina del organismo multilateral precisó, al citar las cifras del Ministerio de Justicia, que el número de heridos alcanzó los 4.903 personas hasta el 10 de diciembre, entre ellos 2.792 agentes de carabineros.
Además, han registrado 26 muertes, de las cuales al menos cuatro casos constituyen una “privación arbitraria de la vida”. Asimismo, señaló que entre el 18 de octubre y el 6 de diciembre fueron detenidas 28.000 personas, aunque, “la mayoría de ellas han sido puestas en libertad, indicó el documento.
El informe — realizado a partir de 235 entrevistas a víctimas y a sus familiares, y de 60 entrevistas a oficiales de los Carabineros de Chile, incluidos algunos que fueron heridos durante las protestas— recalca que a partir de la información recogida que estos agentes de seguridad han incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre personas que se manifestaban pacíficamente y manifestantes violentos
La ONU recomendó a Chile el cese inmediato del uso indiscriminado de las escopetas antidisturbios, y llamó a limitar el uso de gases lacrimógenos a situaciones en que sea estrictamente necesario, pero nunca de establecimientos educativos y de salud.
También instó a aplicar una serie de medidas específicas para rectificar las prácticas policiales e hizo un llamado al Gobierno a “asegurar que las fuerzas de seguridad garanticen la rendición de cuentas con relación a las violaciones de derechos humanos y la reconozcan”.
Además, propuso el establecimiento un mecanismo de seguimiento, que involucre a la Oficina Regional de la ONU para los Derechos Humanos en América del Sur, con sede en Santiago, así como la participación activa de la sociedad civil, para evaluar dentro de tres meses la implementación de las recomendaciones realizadas en el informe, así como las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos.
AVN
