La muerte del militar Rafael Acosta Arévalo, quien era un preso político del gobierno de Nicolás Maduro, originó este martes en Venezuela nuevos llamados a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, solicitó a la delegación que Bachelet dejó instalada en Caracas, que verifique las condiciones de detención y el estado de salud de los considerados “presos políticos” del país.
Durante un debate en la sesión ordinaria de este martes, los diputados condenaron la muerte del militar, que era investigado por su presunta participación en la orquestación de un golpe de Estado que incluía el asesinato de las principales figuras del chavismo, que gobierna desde 1999.
La mayoría opositora del Legislativo también pidió que se garantice el acceso a familiares y abogados defensores de los detenidos.
Los miembros del Parlamento coincidieron con Bachelet en la petición de que se realice una investigación independiente e imparcial sobre la muerte y las supuestas torturas que habría sufrido el capitán durante su detención en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) desde el 21 de junio.
En el acuerdo aprobado este martes, el Parlamento pidió la “aplicación del Protocolo de Estambul”, un manual para la investigación efectiva y documentación de la tortura y otros tratos y castigos crueles, inhumanos o degradantes, pues considera que “los ciudadanos detenidos” en la Dgcim “han sido víctimas de torturas”.
El líder opositor reiteró que un nuevo encuentro, como el verificado en Oslo (Noruega), dependerá de los avances que hayan para alcanzar los objetivos que se planteó en enero cuando juró asumir el mando del Ejecutivo al considerar que Maduro usurpa la Presidencia.
EFE
