La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento) acordó ayer la creación de una “comisión especial” para hacer “seguimiento” de los casos judiciales por corrupción que se cursan en el extranjero contra venezolanos, incluidos varios exfuncionarios del Gobierno chavista, en el poder desde 1999.
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El anuncio fue hecho tras un largo debate en el que los diputados señalaron a la corrupción durante los Gobiernos chavistas del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y el actual de Nicolás Maduro como responsable de la crisis que atraviesa el país.
La creación de la comisión fue acordada con la mayoría de los votos, aunque no de forma unánime, y como de costumbre sin la presencia de los legisladores de la minoritaria bancada oficialista.
Será el presidente de la AN, el opositor Omar Barboza, quien designe a los integrantes de la comisión luego de sostener reuniones con todas las facciones, según informó el proponente de la misma, el diputado Alfonso Marquina.
La comisión también pedirá información a la Justicia de Estados Unidos, Andorra, Suiza y España sobre los juicios que se cursan contra algunos exfuncionarios venezolanos por delitos de corrupción cometidos en la nación caribeña.
El Poder Legislativo venezolano, de contundente mayoría opositora, fue declarado hace casi 3 años en desacato y sus decisiones no son aceptadas por el Ejecutivo, aunque sí es reconocido por la comunidad internacional.
Durante el debate, el presidente de la comisión permanente de contraloría de la AN, Freddy Superlano, aseguró que el impacto de la corrupción en la vida de los venezolanos es “terrible”, y estimó el desfalco a la nación, a través de distintas vías, en más de 400.000 millones de dólares.
“Todas las instituciones que tenían que estar haciendo el control del gasto público fueron desmanteladas con el tiempo, con los años, en la actualidad no existe ningún control sobre el gasto público”, dijo.
En ese sentido, indicó que el Estado venezolano se convirtió “en un paraíso para las prácticas corruptas” y que la élite gobernante “ha creado toda una estructura, un andamiaje de impunidad”.
Recordó, además, el caso por corrupción de la Justicia estadounidense contra el ex tesorero nacional Alejandro Andrade y aseveró que uno de los implicados en esta trama, el empresario Raúl Gorrín, pudo haberse embolsado cerca de 7.000 millones de dólares por su cercanía con funcionarios venezolanos.
NIÑOS MIGRANTES EN TRINIDAD NO VAN A LA ESCUELA
Al menos 400 niños, hijos de inmigrantes venezolanos en Trinidad y Tobago, no tienen acceso a la educación formal, mientras que otros 3 han sido separados de sus familias, denunció ayer Carlos Valero, diputado a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) del país.
Valero aseguró que estos niños son el eslabón más vulnerable en la comunidad de más de 55.000 venezolanos que se ha instalado en Trinidad y Tobago en los últimos años, huyendo de la severa crisis económica que atraviesa Venezuela.
“Tenemos 400 niños en Trinidad y Tobago que no tienen acceso formal a la educación hay afortunadamente una ONG, que trabaja con Naciones Unidas, que ha establecido un albergue donde reciben educación cívica, en valores religiosos, pero su periodo formal de escolaridad está desaparecido”, dijo Valero en la sesión parlamentaria de ayer.
También indicó que pudo constatar en un reciente viaje a Trinidad y Tobago, que otros tres niños han sido separados de sus familias al haber sido apresados sus padres por delitos que no especificó.
El diputado había informado hace dos semanas que cerca 200 venezolanos permanecen tras las rejas en Trinidad y Tobago, la mayoría de ellos por violar leyes migratorias.
Este martes, aclaró que son 130 los venezolanos apresados por delitos migratorios, mientras que otros 50 están recluidos en “penales de alta seguridad”.
Asimismo, informó que unos 9.000 venezolanos en Trinidad y Tobago han solicitado la protección de la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur), y que hay un “grupo importante” que quiere retornar a Venezuela porque la atención del Gobierno del primer ministro Keith Rowley “es básicamente punitiva, de persecución”.
Recientemente Valero dijo a Efe que estas cifras tienen un “rezago de meses” y que deben ser superiores, puesto que la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), que recabó la información para la ONU, recibió reportes oficiales de países que hacen los cortes de datos cada 90 o 180 días.
EFE
