Los empresarios aragüeños que en cadena nacional han sido relacionados por el fiscal general Tarek William Saab con el escándalo de la banda “Los cadiveros electrónicos”, incursos en los delitos de estafa al Estado con empresas falsas que usufructuaron 14 millones de dólares, y que fueron relacionados con un presunto tráfico de droga conocida como “cocaína rosada”, también habrían pactado estafas con Delson Guárate, exalcalde de Mario Briceño Iragorry, por el partido Voluntad Popular. En este sentido, las investigaciones apuntan a que esta complicidad permitía la compra de terrenos a precio de gallina flaca.
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Este es el caso del ciudadano Yaburi Gómez Pinto, C.I. 13.356.313, alias “El Yaburi”, quien se encontraba bajo presentación antes de fugarse del país por un caso de estafa en cuanto a un terreno, junto a Luis Eduardo Albano Cedeño, alias “El Pichi”, C.I. 13.579.298, quienes actuarían como actores intelectuales y físicos, concretamente con la falsificación de firmas y huellas de una difunta, junto a tres personas más. Este delito se concretó bajo conocimiento de Delson Guárate, exalcalde de MBI, y ahora los dos son prófugos de la justicia; uno en República Dominicana, y el otro en EEUU.
LOS DELITOS
En concreto, de acuerdo a los hechos, el abogado Héctor Alejandro Villegas, Inpre 125.035, sería quien redactaba los documentos para la venta fraudulenta en la que Carmen Alicia Hernández de Capriles, madre del fundador del diario elsiglo, quien tiene 22 años de fallecida, aparece firmando con huellas dactilares un documento, mediante el cual, de forma fraudulenta se vende una casa ubicada en la 4ta Transversal de El Piñal, Nro 86, en El Limón, municipio Mario Briceño Irragorry.
Los compradores, la banda bautizada como “Los enanos rosa”, en la que destaca alias “El Pichi” y alias “El Yaburi”, con otro ciudadano de nombre Asdrúbal Polanco, quien agilizaría los permisos y construiría lujosos townhouses en el lote.
En este caso, Gómez Pinto simularía la firma del documento en casa de la difunta, a espaldas de la heredera Ivonne Amelia Capriles Hernández de Pla, de 72 años de edad, quien reside en España, usando una persona, tipo actriz de teatro, que se encargaría de personificar a la difunta ante una notaría.
Gómez Pinto, conocía la muerte de la señora Capriles, y tenía amplio conocimiento de la familia Capriles, por haber estudiado con Moisés Capriles Monque, nieto de la difunta, quien ahora dirige las defensas del caso a través de sus abogados.
Gómez Pinto y Albano Cedeño entraron a la casa de la familia Capriles y de inmediato saquearon todas las pertenencias, y además, con maquinaria pesada derribaron la casa y demás inmuebles, a pesar de los reclamos de la heredera.
Cabe destacar que con esta acción violenta e ilegal, fueron demolidos recuerdos y destruidos artículos de valor familiar de la conocida “Casa Grande”, emblemática vivienda, no solo para la familia Capriles, sino para la tradicional comunidad de El Piñal.
A través de una carta enviada a Tareck El Aissami, cuando era gobernador del estado Aragua, y firmada de puño y letra por Albano Cedeño, la cual refleja el sello de “recibido” de parte de la Gobernación el día 26 de septiembre de 2016, este sujeto confiesa el delito ante la máxima autoridad de la región y confirma su relación comercial con Yaburi Gómez Pinto en el caso concreto de la compra, vía falsificación de firmas, del terreno de Mario Briceño Irragorry, el presunto objetivo de desarrollar viviendas.
En esta misiva no solo reconoce la sociedad con Gómez Pinto, sino que también confirma el modo fraudulento de la operación, pero tratando de deslindarse políticamente del hecho, al verse descubierta su relación irregular con el alcalde de Voluntad Popular.
Por su lado, Albano Cedeño, según evidencias de registros del teléfono del exalcalde Delson Guárate, incautadas cuando fue detenido por el Sebin, y según consta en la propia causa, sería el encargado de las relaciones con Delson Guárate, la Alcaldía de MBI, y la Cámara Municipal.
Según los abogados, el sujeto sostuvo conversaciones telefónicas, mensajes vía WhatsApp, muy detalladas, con el exalcalde, que lo involucraría plenamente en los hechos investigados. En el intercambio de mensajes queda en evidencia la forma como cuadraban los montos de la estafa, en códigos de corrupción como “libros”, para pagar sobornos a los demás involucrados y así consumar el delito. Y también existen algunas de las transacciones bancarias que realizaron para el pago de la corrupción, según informó Juan Carballo, abogado de la afectada.
El origen de los fondos para estas compras y sobornos ahora pudiese estar relacionado a actividades ilícitas y posiblemente a un esquema de lavado de dinero de estos personajes. Las autoridades competentes, especialmente a nivel de Fiscalía y tribunales, deberán comprobar la relación de estos con las fuertes acusaciones vertidas en rueda de prensa por el propio fiscal general Tarek William Saab, contra los sospechosos, quien prometió actuar con contundencia en este caso que ha generado estupor en la sociedad aragüeña, por develar un esquema de corrupción y vicios que tocó todas las esferas políticas del municipio.
LAS ACCIONES LEGALES
Estos ciudadanos son parte de delitos que se acumularán a los denunciados por el fiscal general; en el caso de Gómez Pinto por estafa a la nación y asociación para delinquir y narcotráfico, y en el caso concreto, por forjamiento de documentos, estafa agraviada y concierto para delinquir.
Desde hace casi tres años están introducidas demandas en el Tribunal 2do de municipio Girardot y Mario Briceño Irragory, donde cursa con el número #1667, a través de la cual se solicitó la nulidad de documento público forjado por Gómez Pinto ante la Notaría Primera de Maracay, en sociedad con esta banda que ha quedado en evidencia en los últimos días, pero que tenía varios años actuando a las sombras del poder local.
Igualmente, los abogados se dirigieron al tribunal contencioso administrativo para demandar, según el expediente #0073, donde se logró la anulación a favor de la heredera Ivonne Amelia Capriles, en nombre de su apoderado Moisés Capriles Monque.
Se anularon los actos por estar viciados, dando la justicia la razón, sin que estos delincuentes pudieran salirse con la suya con todos los actos administrativos irregulares que urdieron, como la venta forjada de la casa de El Piñal, y la anulación ante el Registro 2do Inmobiliario de Maracay.
Allí queda demostrado que fueron cómplices del exalcalde Delson Guárate, de Voluntad Popular, ya que la venta definitivamente fue anulada por esa misma alcaldía y por el tribunal contencioso administrativo.
Los abogados de la doctora Ivonne Capriles, de 71 años de edad, también introdujeron una querella, número #49676, por daños y perjuicios a la familia Capriles, que cursa en el Tribunal 2do de Primera Instancia, específicamente contra Gómez Pinto y sus compinches, donde también estarían involucrados Héctor Villegas, Arturo Capriles, Ángel Acosta y otros empleados de la Alcaldía, del Registro y Notaría, así como miembros de la Cámara Municipal del momento, todos actuantes en esta mega estafa.
Se espera en los próximos días se den acciones para la acumulación de las causas y la relación de todo esta trama delincuencial armada por estos individuos que ahora están bajo la lupa de la justicia venezolana. De igual forma se buscará profundizar las investigaciones y establecer responsabilidades por delitos de sobornos y lavado de dinero, en el caso concreto de alias “El Pichi”, en un caso que mezcla lo político, lo legal y lo económico, y que simplemente es un ejemplo más de la delincuencia organizada que ha quedado al descubierto. Pero al final, ha comenzado a imponerse la justicia, pues nadie está exento de sufrir una estafa tan elaborada como la denunciada.
Asimismo, los afectados solo esperan la devolución oficial del terreno y una indemnización justa de los bienes materiales destruidos y por el daño moral causado con esta acción delictiva.
elsiglo
