Hace 18 años los venezolanos acudieron a las urnas para decidir la aprobación de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, propuesta por el fallecido presidente Hugo Chávez y consultada al país mediante un referendo aprobatorio.
Un 15 de diciembre de 1999 concluía un proceso de casi un año, en el cual se resolvieron asuntos de trascendencia jurídica, política y social mediante la redacción de una nueva Constitución que sustituyera a la existencia desde 1961.
Lo decidido ese día sigue marcando el destino de Venezuela, ya que generó un cambio en la estructura del Estado venezolano en sus instituciones y en la concepción de la República.
Con el 71,37% de los votos los venezolanos aprobaron la máxima norma jurídica del país, mientras que 28,63% de los mismos rechazaron la propuesta, en un referendo que tuvo una participación del 44,38% de los electores.
Sin embargo, ese día el país vivió una de las peores tragedias en su historia, puesto que las constantes lluvias que cayeron en al menos 8 estados provocaron fuertes inundaciones, decenas de muertos y desaparecidos. Ese 15 de diciembre también sería conocido como la tragedia de Vargas.
La propuesta
Luego que el fallecido presidente Hugo Chávez inscribiera su candidatura para las elecciones del 6 de diciembre de 1998, su principal propuesta electoral fue la convocatoria inmediata a un referendo consultivo para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que escribiera una nueva Constitución.
La propuesta parte de lo establecido en el artículo 181 de la anterior Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política de 1997, en la cual se permitía la realización de un referendo consultivo “con el objeto de consultar a los electores sobre decisiones de especial trascendencia nacional”. Este podría ser convocado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, el Congreso de la República o el 10% de los electores.
Aunque la ley permitía la convocatoria del referendo, esta no establecía que lo decidido en el proceso sea de obligatorio cumplimiento, y menos en el caso de una Constituyente, por lo que la diatriba jurídica surgió de inmediato entre políticos y juristas.
Fuente:Globovisión
