Un reconocido colegio privado del municipio José Ángel Lamas se encuentra en el centro de una controversia laboral que ha culminado en la renuncia masiva de parte de su personal.
Los trabajadores denuncian el incumplimiento de una deuda salarial correspondiente al año escolar 2024-2025, un hecho que ha dejado el área de primaria prácticamente sin docentes.
A pesar de las deudas pendientes, el personal aseguró haber iniciado el nuevo año escolar en pro de la calidad educativa, aún sintiéndose «vulnerados» en sus derechos laborales. Según los afectados, el conflicto se agudizó tras múltiples mesas de negociación sostenidas con la administración del plantel, incluso en presencia de autoridades competentes.
María Alejandra Domínguez relató que tras sostener negociaciones donde se hicieron promesas, «quedamos en algunos acuerdos, sin embargo, quedaron pendientes algunos pagos».
Domínguez enfatizó que toda la negociación quedó en acta, que todos los pagos serían indexados, sin embargo, el día viernes nos llegó un pago de retroactivos devaluados, calculados a la tasa del mes de noviembre del 2024″, puntualizó.
Al parecer, la administración ejecutó el pago de una pequeña fracción de lo adeudado, pero éste se realizó a la tasa del Banco Central de Venezuela del año pasado, lo que generó un rechazo inmediato por parte de los afectados.
Ante la falta de apoyo y la constante burla a sus derechos, la decisión de la plantilla fue drástica: «En vista de la situación, decidimos no continuar, 15 personas renunciamos entre docentes y obreros». Esta renuncia en masa, que involucra a unos 15 trabajadores, ha generado una crisis en la planta docente.
En este sentido, Karelvis Borges afirmó que a pesar del no cumplimiento de los acuerdos, este personal se mantuvo firme en sus labores en la institución que representábamos hasta el día martes. Sin embargo, la situación se tornó insostenible.
Borges, quien fue subdirectora académica de media general, detalló la magnitud de la baja: «De los 15 trabajadores que renunciaron 6 son las docentes de primaria y se puede decir que toda la primaria quedó desatendida en ese colegio».
Además de las maestras de primaria, la renuncia incluyó a la psicólogo, dos miembros del personal de mantenimiento y servicios, y el resto eran docentes de media general.
Borges reveló que habían mantenido la situación en secreto «con la esperanza de que la administración del plantel cumpliera con lo que se había pautado, pero no podíamos seguir callados cuando no sólo se nos vulneraron los derechos a nosotros, sino a nuestros hijos y familiares durante un año escolar».
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La extrabajadora también señaló la doble moral en el manejo de las finanzas del plantel: «Como representante del colegio, porque tengo a mi hijo estudiando allí, siempre estuve al día con los pagos a la tasa del día correspondiente, que es lo que estipula la administración del plantel, pero a mí me pagaron el bono de economía familiar en el monto correspondiente a 47 dólares a la tasa del mes de noviembre del año 2024».
La gravedad de la situación escaló a lo personal, cuando, según Borges, «a una de mis compañeras se le negó el derecho de recibir la documentación de sus representados, para inscribirlo en otra institución, por no estar al día con los pagos, cuando es el plantel el que tiene una deuda con ella».
Este hecho, sumado a la negativa de la administración a entregar el acta de los acuerdos incumplidos, llevó a los afectados a tomar la decisión de retirarse de la institución.
CHIQUINQUIRÁ RIVERO
GM
