La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, publicó este viernes la sentencia en firme que condena al Estado argentino a pagar 16.000 millones de dólares al fondo Burford Capital por la expropiación de YPF, una sentencia que el Gobierno argentino prometió apelar.
Aquella sentencia del viernes 8 de septiembre se saldó con la condena más dura para Argentina: le obliga a pagar la mayor indemnización posible a Burford Capital, que impulsó la demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España, Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, antes pertenecientes al grupo argentino Petersen, que tenía un 25 % de acciones en YPF-, al que se sumó Eton Park -fondo estadounidense que tenía el 2,9 % de YPF.
La jueza Preska, en su fallo de este viernes, detalla la cantidad que Argentina deberá pagar a Petersen (14.385 millones de dólares) y a Eton Park (1.714 millones de dólares) en concepto de «ruptura de contrato».
Sin embargo, desestima «todas las demás reclamaciones» de ambas sociedades contra el Estado argentino, basadas en presuntos delitos como ruptura anticipatoria y ruptura del compromiso de buena fe y del acuerdo justo.
Preska ordena además que con la sentencia de hoy se considere que «el caso está cerrado».
Argentina debe pagar
La expropiación de YPF ocurrió durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) y con el actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, entonces viceministro de Economía.
El 16 de abril de 2012, el Gobierno argentino declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 % de la petrolera YPF, controlada por la española Repsol; unos días después, el 3 de mayo, el Congreso del país suramericano aprobó la ley de expropiación de YPF.
En su fallo del pasado viernes, la jueza dio la razón a Burford, porque consideró que Argentina tomó el control el 16 de abril (y no el 7 de mayo, cuando se publicó la ley de expropiación); la tasa de interés que debe aplicarse es 8 % (y no 0 %, como pretendía Argentina) y que el P/E ratio, un componente fundamental de la fórmula que determina el valor que debe pagar el país por las acciones, debe ser el más alto y beneficioso para el demandante.
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Mientras Argentina estimaba que le correspondería abonar cerca de 5.000 millones de dólares, la reclamación de la acusación por valor de 16.000 millones prevalecerá.
MV
