La situación de inseguridad en Ecuador ha tocado fondo, con bandas criminales que han transformado a la otrora pacífica población ecuatoriana en una sociedad con miedo. Las urnas de votación que se abrirán el domingo parecen ofrecer una salida a un país que ya no aguanta más, sobre todo después del atentado que le costó la vida al candidato presidencial Fernando Villavicencio.
El asesinato de Villavicencio, acribillado el pasado 9 de agosto por presuntos sicarios colombianos cuando salía de un mitin en el norte de Quito, sacudió el escenario electoral y puso a los votantes a decidir con temor.
Las dudas que ha dejado ese crimen, que se suma a la espiral de violencia que ha soportado el país desde hace más de dos años, hacen suponer que el caso tardará en esclarecerse.
Mientras tanto se espera, según indican los expertos, que la tasa de criminalidad trepe incluso hasta alcanzar un récord regional, con 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, superando así a países como Venezuela.
Si ello ocurre, al finalizar el año Ecuador se convertirá en el país más violento de América Latina, comentó la especialista en temas de seguridad, Carolina Andrade.
GOBERNANZA CRIMINAL
Ella atribuye la situación a la ausencia de un Estado que ataque de manera frontal al auge del crimen. A su juicio, se ha permitido la aparición de una «gobernanza criminal», especialmente del sistema penitenciario, toda vez que las bandas delictivas tienen el control interno de las cárceles.
El hecho que se hayan decomisado auténticos arsenales de guerra, con armas de grueso calibre, explosivos y hasta lanzagranadas en registros llevados a cabo en las celdas, da cuenta de la escasa presencia estatal en las prisiones, donde han proliferado una serie de actividades ilegales, pese al anuncio de acciones preventivas por parte del Gobierno.
Andrade teme que esa realidad haya abierto la posibilidad de que las instituciones del Estado, que deben impedir el crimen, hayan sufrido una contaminación de la delincuencia organizada.
Y recuerda que un amigo del cuñado de Lasso cercano al Gobierno se ha visto salpicado con denuncias de presunta relación con una red de narcotráfico denominada la «mafia albanesa», un caso respecto al cual el mandatario ha negado enfáticamente tener relación con cualquier trama criminal.
LIDERAZGO FIRME
Frente a esa situación crítica, ella sugiere que el próximo gobernante del país, que sustituirá a Lasso este mismo año, tenga un liderazgo firme en la toma de decisiones, sobre dando prioridad al gasto en seguridad.
Y es que el año pasado, de los exiguos 200 millones de dólares asignados a seguridad, sólo se ejecutó un 30%. «Ese es el nivel de prioridad que le ha dado el Gobierno del presidente Guillermo Lasso a la seguridad», critica la experta.
La fuerza pública ha perdido capacidades logísticas básicas, no se ha renovado, incluso su equipamiento no ha recibido el mantenimiento adecuado y es casi nula la inversión en tecnología orientada a la inteligencia contra el crimen, añade.
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Es necesario revertir eso e «ir más allá, no tenemos tiempo que perder», enfatiza la especialista, quien sugiere que se declare una emergencia por el problema en la seguridad y la vulnerabilidad social, ya que el crimen suele reclutar entre la pobreza, que es mucha en el país (25,2%).
MV
