Más de 60 organizaciones no gubernamentales se pronunciaron a través de una carta abierta sobre la visita de la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan.
En el texto las ONG exponen, «Su visita es un paso positivo pero, por sí solo, insuficiente ante la emergencia humanitaria compleja y la grave situación de derechos humanos del país».
Entre otras cosas, exponen que tome en cuenta la situación preexistente a las sanciones, constate la falta de transparencia en la gestión de Maduro, y se reúna con activistas y medios
Desde la visita al país de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en 2019, el Gobierno encabezado por Nicolás Maduro se comprometió a permitir la visita de por lo menos diez mecanismos en el término de dos años, pero solo se ha concretado la de Alena Douhan; por lo que las organizaciones no gubernamentales recuerdan que es importante destacar que la mayoría de los 44 mecanismos temáticos del Consejo de Derechos Humanos, compuestos por relatores, expertos independientes y grupos de trabajo pueden asesorar e investigar sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.
No obstante, estas organizaciones reconocen el impacto negativo de las sanciones sectoriales sobre los venezolanos y apoyan la solicitud hecha por Bachelet «que se suspendan o alivien esas sanciones con el fin de disponer de todos los recursos posibles en la respuesta a la covid-19 y atender otras necesidades de la población».
Además, estas organizaciones le exponen a la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, que el gobierno encabezado por Nicolás Maduro «ha incumplido su deber de cooperar con los relatores y grupos de trabajo que le han enviado comunicaciones para solicitar información oficial sobre casos de violaciones a los derechos humanos». Detallan que, desde 2011 el gobierno ha recibido 84 comunicaciones de los mandatos temáticos y solamente ha respondido a 39″.
Entre otras cosas, aseguran que entre febrero de 2019 y noviembre de 2020 fueron recibidas por la Cancillería un total de 16 comunicaciones y solamente han sido respondidas dos, lo que muestra la creciente falta de cooperación de ese gobierno con los mecanismos temáticos de las Naciones Unidas. Destacan que el gobierno de facto criminaliza la colaboración de las organizaciones e individuos con los mecanismos de Naciones Unidas obstaculizando así la labor de informar y mantener un respetuoso diálogo con las diversas instancias.
Luego de su pronunciamiento, estas ONG esperan que la relatora especial de la ONU Alena Douhan incluya dentro de su informe toda la información relacionada con «las consecuencias de la corrupción estructural y su impunidad sobre la emergencia humanitaria compleja».
Entre otras cosas, las ONG realizaron una serie de propuestas y planteamientos a la observadora, en aras de estudiar a fondo todos los hechos que se desarrollan en el país.
La evolución de la corrupción durante las últimas dos décadas y su impacto en la vulnerabilidad que enfrenta el pueblo venezolano, así como los niveles del gasto público destinado al fortalecimiento del aparato represivo del Estado, fue uno de los planteamientos expuestos a la funcionaria.
Tomar en cuenta la situación preexistente a la imposición de las sanciones, y que llevó al colapso del sistema de salud venezolano y a la situación de inseguridad alimentaria que hoy padece el pueblo venezolano.
Constatar la falta de transparencia en la gestión pública y la negación del derecho al acceso a la información que impide la contraloría social sobre el gasto público y sobre las políticas públicas implementadas por el Estado.
Reunirse los medios de comunicación social independientes, los centros de investigación y las organizaciones de la sociedad civil, para constatar su situación y, en particular, la política de persecución en su contra, por investigar e informar sobre las responsabilidades de los agentes del Estado por delitos relacionados con la gestión del gasto público.
