Un informe del período julio-diciembre del año 2020, emitido por la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), la situación de los Derechos Humanos de los pobladores de la subregión Guajira que abarca los municipios Mara, Guajira e Insular Almirante Padilla, “ha sido víctima del retroceso en la garantía de derechos económicos y Sociales”.
El informe señala entre otras cosas, que “por varios años consecutivos La guajira venezolana territorio indígena Wayúu y Añú ha sido víctima del retroceso en la garantía de derechos económicos y Sociales. Como ningún otro sector del país la población indígena padece de constantes cortes eléctricos que se extienden por días”.
“Desde el año 2017, la falta de gasolina, los retrocesos en el transporte público, el acceso al agua en la mayoría de las comunidades llega a través de camiones cisternas que deben ser pagados por los habitantes, la falta de mantenimiento y el déficit de plantas y generadores de luz eléctrica, junto a la Emergencia Humanitaria Compleja y las consecuencias de la militarización del territorio, han generado un deterioro progresivo en las condiciones de vida, en la cultura, y en los medios ancestrales de vida obligando al Pueblo Wayúu y Añú a migrar forzosamente a su territorio del lado colombiano”, reza el informe.
Tras la aparición de la Covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó como pandemia la crisis desatada por el virus que según los registros oficiales alcanza ya millón y medio de personas fallecidas por contagio a escala mundial, una vez decretado el Estado de Alarma por el Gobierno Nacional venezolano y el confinamiento obligatorio de las y los ciudadanos, ocasionó un mayor impacto en materia de salud, alimentación, acceso a servicios básicos, educación, entre otros, tras el cierre definitivo de la frontera como parte de la medida de cuarentena.
Como es bien sabido, la población asentada a lo largo y ancho del Estado Zulia, incluyendo los pobladores de la Costa Oriental del Lago, se trasladaban hasta la ciudad de Maicao para abastecerse de alimentos y medicinas, como también para comercializar algún producto en específico, y con las ganancias abastecerse, también es de conocimiento que desde Colombia la población se abastecía de combustible colombiano para movilizar vehículos y motos, es decir, toda una dinámica económico-social de la cual dependía en buena parte el territorio fronterizo de la Guajira, partiendo desde la misma ciudad de Maracaibo, y los municipio que componen la subregión, y que repentinamente fue completamente paralizado por la pandemia.
El informe expone los diferentes aspectos que han agudizado la difícil situación para los habitantes de la Guajira, principalmente por la pandemia del Covid-19.
Por otro lado, Prove manifestó a través de su cuenta en la red social Twiter que, “La Guajira venezolana ha quedado desprotegida, reprimida y vulnerada en salud, alimentación, servicios y educación tras la COVID-19 y el “Estado de Alarma”. Se necesitan acciones que protejan y respeten los derechos de los pueblos indígenas”
Para conocer esos aspectos que expone el informe ingresa a la página principal de Provea.
