Una jornada de protesta, con denuncias de asedio policial, se vivió este lunes en la Región Autónoma del Caribe Sur (RACS) de Nicaragua debido a la negativa del Gobierno de permitir el regreso de unos 500 ciudadanos, en su mayoría marineros afrodescendientes que se encuentran varados en otros países en el contexto de la pandemia de COVID-19.
Familiares de los varados se plantaron frente a la sede de la alcaldía de la ciudad de Bluefields, cabecera de la RACS, para exigir el permiso de repatriación, hasta lograr la promesa de las autoridades sobre una posible revisión el próximo lunes.
“Estamos haciendo un protesta justa, no solamente por lo que están embarcados (varados en embarcaciones en el mar Caribe), sino también por los que están en Gran Caimán, Panamá, Honduras, Guatemala, y todos los nicaragüenses que tienen derecho a entrar a su país”, dijo una portavoz de los manifestantes, durante el plantón.
La manifestación pretendía incluir a líderes opositores que estuvieron al frente de las protestas antigubernamentales que estallaron en abril de 2018 en la costa Caribe nicaragüense, pero, según sus denuncias, la Policía Nacional se desplazó desde tempranas horas a sus viviendas para impedir que salieran a la calle.
“Miss Nora Newball, miss Donele Miller y mi persona hemos sido críticos del Gobierno, entonces los policías vinieron hoy en la mañana para asegurarse de que no participáramos en el plantón. Con nuestra Autonomía Regional podríamos autorizar el regreso de nuestra gente, pero desde que el partido sandinista tomó el poder (en 2007) se ha adueñado de nuestras instituciones y no respeta la autonomía”, dijo a Efe el líder disidente George Enriquez.
DENUNCIAS DE “ASEDIO POLICIAL”
También denunciaron “hostigamiento y asedio policial” las defensoras de los derechos humanos en el Caribe Jennifer Brown y Kalua Salazar, el líder disidente Jefrey Jarquín, y el periodista Carlos Eddy Monterrey.
“Nos están asediando por decir la verdad. Nos tendrán que encarcelar, nos tendrán que matar, pero no nos van a callar. Nunca van a matar la verdad”, señaló Monterrey, desde la radioemisora La Costeñísima, cuyo director, Sergio León, tenía una acusación legal por supuestas injurias y calumnias al informar sobre la pandemia, al momento de su muerte por síntomas de COVID-19, el pasado 14 de junio.
Algunos de los denunciantes cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para no ser víctimas de intimidación, “pero el Gobierno nunca ha respetado eso”, sostuvo Enriquez.
El pasado viernes, la CIDH afirmó que el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega impide el retorno a Nicaragua de unos 500 nacionales, quienes se encuentran varados en países vecinos de Centroamérica y del Caribe, algunos de los cuales llevan tres meses viviendo “de la caridad”, según los afectados.
Países que albergan a los nicaragüenses, así como sus patronales, han garantizado que asumirán los costos de traslado y las pruebas de COVID-19, pero hasta ahora solamente se les ha permitido ingresar a 93 marineros.
Según el más reciente informe del Ministerio de Salud, en Nicaragua se han presentado 1.823 casos de coronavirus, con 64 muertos. Sin embargo, el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 reporta unos 5.957 contagiados, incluyendo 1.688 fallecidos.
EFE
