El Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil programó para este martes el juicio por la apelación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva contra su condena en el llamado caso Guarujá.
Los ministros del STJ examinarán el recurso del exdirigente obrero por videoconferencia, sistema adoptado ante la pandemia de Covid-19, cita Prensa Latina.
El juicio comenzó en la sesión plenaria virtual del 22 de abril, en la que se dio a los jueces un plazo para que sus votos estuvieran disponibles en el sistema electrónico del tribunal. Sin embargo, la audiencia fue aplazada ante un pedido de la defensa de Lula.
Recientemente el juez Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal (STF), aceptó una petición de los abogados de Lula para cancelar el juicio virtual, al quejarse de que no se informó.
Fachcin alegó que el STJ debió haber publicado la agenda con el juicio, con cinco días hábiles de antelación.
“Creo que el acto coercitivo constituye una ilegalidad flagrante que justifica el otorgamiento de la orden preliminar, debido a la aparente inobservancia del derecho de la defensa a ejercer las facultades del regimiento antes del comienzo de la sesión del juicio virtual”, argumentó el ministro de la corte superior.
Para Cristiano Zanin, uno de los juristas del exgobernante, “eventualmente, el juicio que se llevará a cabo bajo este escenario será nulo y sin efecto, porque impugna las disposiciones de las normas y el debido proceso de ley en toda su extensión, incluyendo las garantías del adversario y la amplia defensa”.
El 12 julio de 2017, el entonces juez Sérgio Moro y ahora exministro de Justicia de Jair Bolsonaro tras su renuncia reciente, condenó a Lula a nueve años y seis meses por corrupción pasiva y lavado de dinero por la posesión de un apartamento triplex en el área litoral de Guarujá, en el estado de Sao Paulo, supuestamente recibido a cambio de beneficiar a la empresa OAS.
Según los fiscales, el expresidente recibió el inmueble como retribución por los contratos cerrados por la contratista con compañía Petrobras.
Desde el comienzo del proceso, aún en primera instancia, Lula reafirma su inocente y su defensa alega que el apartamento no es suyo, no hay pruebas contra el expresidente, quien no cometió delitos antes, durante o después del mandato (2003-2011).
