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Durante la mañana de este miércoles, un grupo de representantes de diversos movimientos sociales y Asambleas de Viviendo Venezolanos (AVV) que hacen vida en el terreno ubicado en la avenida Ramón Narváez, frente a la UD-17, ofrecieron declaraciones a elsiglo con el fin de aclarar una denuncia reciente sobre presuntos problemas de aguas servidas y el supuesto abandono del lugar.
Oscar Padilla, vocero de las organizaciones, explicó que actualmente cuatro AVV se encuentran activas dentro de este espacio, Vetagro 1, Vetagro 2, Coromoto Renace y un grupo universitario.
«Queremos dejar claro que aquí se está haciendo vida. No es un terreno baldío. Cada semana realizamos reuniones, limpiamos las áreas y cumplimos con las exigencias de las autoridades para la futura fiscalización. Nuestro objetivo es lograr que este terreno sea entregado formalmente para levantar las viviendas de las 792 familias que representamos», señaló.
Padilla recordó que desde 2002 la Asociación Civil Proviviendas Vetagro ha venido gestionando este espacio.
«Hemos entregado estudios de suelo certificados, implantaciones de terreno y cartografía, tanto en físico como digital, a la gobernadora Joana Sánchez y a su equipo. Lo único que falta es la entrega formal del documento de adjudicación», puntualizó.
En cuanto a la problemática de aguas servidas presentada en el lugar, Padilla reconoció que sí existe una situación, sin embargo, la misma ya ha sido reportada a las autoridades y esperan que se dé respuesta en los próximos días.
Por su parte, Sergio Guerra, otro de los voceros, denunció la presencia de viejos actores vinculados a irregularidades en proyectos habitacionales pasados.
«Alertamos sobre la reaparición de Johnny Ferrer, una persona señalada por estafas en el proyecto de Arsenal, donde se lucró con la necesidad de más de 900 familias. No podemos permitir que personajes como él pretendan entorpecer este proceso. Confiamos en que la gobernadora cumpla su palabra de apartar a quienes obran en contra del pueblo», expresó.
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Finalmente, reiteró que su lucha es legítima y que mantienen la esperanza de que, tras años de gestiones, finalmente se concrete la solución habitacional.
«Sólo pedimos que se nos entregue el documento del terreno para empezar a construir nuestras viviendas, nada más», concluyó.
HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo
AC