Países Bajos defiende la labor de la CPI contra la impunidad

El Gobierno neerlandés lamentó este viernes la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de emitir una orden ejecutiva para sancionar a funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) y defendió su labor “esencial en la lucha contra la impunidad”.

Asimismo, el Ejecutivo recordó la “responsabilidad” de Países Bajos como país sede de los tribunales internacionales.

Países Bajos “lamenta la orden ejecutiva que impone sanciones a la CPI”, señaló el ministro neerlandés de Exteriores, Caspar Veldkamp, quien resaltó que «el trabajo de la Corte es esencial en la lucha contra la impunidad».

Trump tomó su decisión en respuesta a que el tribunal cn sede en La Haya dictó órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza, .

“Nuestro país tiene una sólida reputación y responsabilidad como país anfitrión de instituciones jurídicas internacionales importantes. Países Bajos contribuye activamente al fortalecimiento del orden jurídico internacional y la cooperación multilateral y cumplirá de buena fe las obligaciones vinculantes del Derecho internacional y los tratados”, alertó Veldkamp, del partido democristiano NSC.

Sin embargo, Geert Wilders, líder de la derecha radical PVV y socio mayoritario de la coalición de gobierno, consideró que la CPI debería abandonar La Haya.

“¿No se podría trasladar la Corte Penal Internacional a Bélgica o algo así? Nunca he entendido qué ganamos con que tenga su sede aquí», se preguntó en su cuenta oficial de X, su principal vía de comunicación con el país.

Wilders no tiene personalmente ningún cargo en la coalición de gobierno de Países Bajos, aunque el gabinete sí incluye ministros que pertenecen a su partido, además de políticos del liberal de derechas VVD, de NSC y del partido de los granjeros BBB.

Frente a las declaraciones de Wilders, el líder de NSC, Pieter Omtzigt, advirtió de que “la orden ejecutiva de Trump es un paso aún más extremo para socavar el trabajo de la CPI” y consideró que es “otra prueba» para que la Unión Europea (cuyos miembros también lo son de la Corte) no deje que los países «respondan uno por uno a Trump”.

Además, recordó que Estados Unidos ya aprobó en 2022 lo que se conoce como «Ley de Invasión de La Haya», una norma creada para proteger a militares y funcionarios estadounidenses de posibles juicios ante la CPI, que permite incluso usar la fuerza militar e invadir Países Bajos si uno de sus ciudadanos o de un país aliado es arrestado y trasladado a la ciudad sede del tribunal.

La orden de Trump contempla ahora restricciones financieras y limitaciones en la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a funcionarios de la CPI, así como su familia inmediata (pareja e hijos), que colaboren en investigaciones del tribunal contra ciudadanos estadounidenses o contra aliados de Washington.

La CPI se creó a través del Estatuto de Roma y es un tribunal internacional con la misión de juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión.

Sin embargo, países clave como Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros de la Corte y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción, ni lo respaldan cuando se trata de casos que les afectan a ellos mismos o sus aliados.

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EFE

LG