El presidente colombiano, Gustavo Petro, firmó este miércoles en Bogotá la ley de la reforma laboral, cinco días después de que el Congreso aprobara esta iniciativa que se convirtió en una de las mayores victorias legislativas de su Gobierno.
Petro firmó la nueva ley en un acto celebrado en la Quinta de Bolívar, en el centro de Bogotá, en medio del aplauso de sindicalistas, trabajadores y funcionarios de su Gobierno y al grito de «sí se pudo».
Tras la firma del documento, el presidente, con el puño en alto, exhibió un ejemplar en formato grande de la nueva ley con la inscripción «Le cumplimos al país».
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«Esta ley, apenas se publique, rige en todo el país, en toda la nación (…) Ahora el gran problema de la ley, como de muchas otras actuales, es que no se cumpla. Una manera de evadir la ley es dejarla como letra muerta, como dejaron la mayor parte de la Constitución de Colombia», expresó Petro.
Las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron el viernes a contrarreloj la controvertida reforma laboral que presentó hace dos años el Gobierno y con las que prometió restituir derechos laborales a millones de colombianos.
Cambios en la legislación laboral
La nueva ley amplía en dos horas la jornada de trabajo nocturno, que comenzará a las 7:00 pm; aumenta el pago por trabajo en fines de semana y festivos, y exige aportes a la seguridad social a empresas de aplicaciones de reparto, entre otras disposiciones.
Además, el contrato a término indefinido se convierte en la regla general y los contratos a término fijo solo podrán renovarse hasta cuatro veces antes de convertirse en indefinidos.
También se eliminan los contratos por prestación de servicios para tareas permanentes en el sector público, lo que afectará directamente al propio Gobierno, que tiene a miles de trabajadores bajo esa modalidad laboral.
La reforma establece que las empleadas domésticas, internas o externas, tendrán una jornada máxima de ocho horas como cualquier otro trabajador.
Los estudiantes de medicina, por su parte, deberán recibir al menos un salario mínimo durante sus prácticas, que hasta ahora hacen gratis hasta que se gradúan.
También establece que las empresas deberán contratar mínimo dos personas con discapacidad por cada cien empleados.
En el caso de los estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), donde aprenden artes, oficios y carreras técnicas, el contrato de aprendizaje será considerado una relación laboral con prestaciones legales.
Los aprendices recibirán un 50 % del salario mínimo durante la etapa académica, un 75 % durante la etapa práctica, y hasta el 100 % si su formación es de tipo dual.
Los transportadores de carga y pasajeros, entre tanto, accederán a derechos fundamentales, según el Ministerio de Trabajo, y se le dará prioridad a su inclusión en el sistema de seguridad social.
EFE
JV
