En un acto de carácter pacífico, pero contundente, representantes de los gremios de jubilados del estado Aragua consignaron un documento ante la gobernadora Joana Sánchez. El texto solicita la restitución de la equidad en el pago de cesta ticket y los bonos de profesionalización. La medida afecta a docentes, obreros y personal administrativo que hoy enfrentan una severa crisis de subsistencia.
Jon Ceballos, presidente de los jubilados del personal administrativo, explicó que el reclamo no es una simple petición de dinero. «Nada impide que los jubilados perciban el cesta ticket», afirmó Ceballos. El dirigente se apoyó en el Artículo 18 de la Ley Orgánica del Trabajo y el Artículo 89 de la Constitución. Ambos textos consagran la intangibilidad de los derechos laborales y el principio de favorecer al trabajador.
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El vocero denunció una «ironía presupuestaria» dentro de la administración regional. Los jubilados del Consejo Legislativo del Estado Aragua (CLEA) ya reciben el beneficio. «Es éticamente cuestionable que el ente encargado de aprobar el presupuesto lo garantice para sus exfuncionarios, pero no para el resto», sentenció Ceballos.
DISCRIMINACIÓN FLAGRANTE
José Hernández, presidente del Sindicato de Obreros Educacionales, calificó la exclusión como una «discriminación flagrante». El dirigente recordó que el Artículo 21 de la Constitución prohíbe todo tipo de trato desigual sin justificación razonable.
El líder sindical señaló dos ejemplos de viabilidad en el país. En el estado Falcón, los jubilados ya reciben el cesta ticket. En Anzoátegui, la gestión ante instancias nacionales ha dado resultados positivos. «La gobernadora debe actuar como un puente con el poder central», exigió Hernández.
UN LLAMADO A LA CELERIDAD
Mélida Coromoto Sierra, representante de la Asociación de Jubilados del sector docente, pidió celeridad procesal a la mandataria regional. Sierra insistió en que el bono de profesionalización debe ser universal. «No puede segmentarse entre docentes, obreros y empleados», explicó la dirigente. La vocera aseguró que la Gobernación posee las facultades para gestionar los fondos necesarios de manera expedita.
«Se requiere una gestión administrativa proactiva», enfatizó Sierra. La dirigente advirtió que la falta de estos beneficios afecta el derecho a la salud y a la vida de los jubilados. Muchos de ellos no logran cubrir gastos médicos ni alimenticios básicos con sus ingresos actuales.
UN DESAFÍO DE DIGNIDAD HUMANA
Los tres gremios coinciden en que la solicitud es técnica y financieramente viable. La existencia de precedentes en otros estados invalida cualquier tesis de imposibilidad. La responsabilidad recae, según los voceros, en la voluntad política del Ejecutivo regional.
RODOLFO GAMARRA | elsiglo
fotos | JOEL ZAPATA