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Diversos gremios universitarios, encabezados por la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), la Asociación de Profesores del Pedagógico de Maracay (Aproupel) y el Sindicato de Trabajadores (SRU Maracay) suspendieron actividades durante 24 horas este martes 19 de mayo, y manifestaron en las afueras de la UCV Maracay.
La protesta responde al desmantelamiento de derechos laborales y la imposición de un esquema de bonificaciones que, según los gremios, vulnera el artículo 91 constitucional.
El núcleo de la disputa se centra en la sustitución del salario base por bonos discrecionales. Roberto Campero, vocero de los trabajadores universitarios, explicó que «el bono no es salario» y que esta distinción técnica anula derechos como el bono vacacional, las prestaciones sociales y los aguinaldos.
El salario mínimo permanece estancado en 130 bolívares, una cifra que los manifestantes calificaron como insuficiente para garantizar la subsistencia. El líder gremial agregó que la política estatal «vacía de contenido económico la carrera docente y administrativa, confiscando el futuro de los trabajadores».
ALLANAMIENTO ADMINISTRATIVO
Jesús Elorza, representante del gremio en la región central, definió la situación como un «allanamiento administrativo» promovido por el Ejecutivo. Según su declaración, la imposición del instructivo Onapre ha permitido centralizar el manejo de nóminas, ignorando las competencias de los vicerrectorados.
El dirigente señaló que esta centralización no es una optimización técnica, sino «una infraestructura de control político» que facilita represalias económicas contra la disidencia académica. «No habrá paz laboral sin justicia salarial», advirtió Elorza durante la jornada.
DEUDAS ACUMULADAS
Rogelio Castro, otro de los portavoces del movimiento, detalló una lista de pasivos laborales que se arrastran por más de ocho años. El dirigente mencionó la falta de entrega de uniformes, los retrasos en el pago de prestaciones sociales y la suspensión de aportes patronales a las cajas de ahorro.
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El vocero exigió «la devolución inmediata de las nóminas a las universidades» como requisito indispensable para el respeto a la legalidad. Además, denunció la modificación de facto de la Ley del Trabajo mediante el irrespeto a los tabuladores salariales establecidos en la Convención Colectiva Única.
EMERGENCIA HUMANITARIA LABORAL
Daire Cantor denunció la situación del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), una institución que, según sus palabras, «hoy se encuentra en ruinas, víctima de la desidia institucional». La dirigente vinculó esta realidad con la persecución sistemática contra los trabajadores que ejercen su derecho a la protesta.
La dirigente llamó a la ciudadanía a no quedarse en sus casas, subrayando que el conflicto universitario representa el epicentro de una resistencia civil necesaria para el rescate de la institucionalidad democrática.
Los líderes del movimiento articularon tres exigencias que trascienden lo económico: cese de la persecución contra trabajadores, libertad para los presos políticos y convocatoria a elecciones. Los voceros coincidieron en que la solución a la crisis laboral es inviable bajo la estructura política actual.
RODOLFO GAMARRA |elsiglo
fotos | JOEL ZAPATA