Trabajadores activos y jubilados, agrupados en diversos gremios del estado Aragua, se concentraron este jueves en la plaza Rotary, ubicada en la avenida 19 de Abril de Maracay, para exigir aumento salarial y el respeto a los derechos laborales.
Importante indicar que dicha actividad formó parte de una jornada nacional de movilizaciones obreras, que se desarrollaron en al menos 18 estados, para condenar de forma concreta la política de bonos del Gobierno nacional, y solicitar la eliminación de las normativas restrictivas como el «memorándum» 2792 y el instructivo Onapre.
LAS EXIGENCIAS SON CLARAS
Pedro Torrencilla, secretario de asuntos académicos de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) núcleo Maracay, destacó que el objetivo de esta acción de calle fue entregar un pliego de exigencia ante la inspectoría del trabajo de la entidad.
«Las exigencias son claras: un aumento de salario, fundamentalmente del salario mínimo; el rechazo a la política de bonificación del salario», precisó.
Igualmente, Torrencilla rechazó que Fedecámaras haya instado al Ejecutivo nacional y al Poder Legislativo a reformar la legislación sobre prestaciones sociales, ya que los trabajadores tienen cuatro años sin aumento de sueldo mientras que el empresario sigue obteniendo más ganancias.
«Han aumentado sus precios, han trasladado sus costos de operaciones a los precios, han mantenido sus tasas de ganancia; mientras los trabajadores hemos sufrido la inflación», denunció.
Recalcó que el problema no es el costo laboral sino la política económica ejecutada por el Gobierno, que ha pulverizado los ingresos. «El Gobierno habla de un crecimiento de la economía, habla de un aumento de la recaudación fiscal, pero eso no se traduce en los ingresos de los trabajadores. Nosotros exigimos que se cumpla con el artículo 91 de la Constitución, que establece que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad», sentenció.
Sobre la consulta de la plataforma del Sistema Patria para conocer la realidad económica de los venezolanos, el vocero del gremio educativo aseguró que dicho sondeo no apunta a los problemas fundamentales de los trabajadores.
Además, Torrencilla cuestionó la posición del gremio obrero que participa en el diálogo social tripartito entre Gobierno nacional y empresarios. «El Gobierno y la central oficialista han tratado de evitar hablar del salario y quieren hablar es de ingreso, es decir, de seguir con la política de bonos. Las tres centrales de trabajadores que están allí presentes han mantenido una posición firme de que tiene que haber un aumento salarial ya, antes de discutir cualquier otra cosa», concretó.
DÓNDE VA A PARAR EL DINERO
Por su parte, Richard Rivas, coordinador del Comando Intergremial de Aragua y presidente del Colegio de Profesores del estado Aragua, puntualizó que el magisterio ha sido constante en sus reclamos, y vuelve a movilizarse en las calles, denunciando una vez más la vulneración de los derechos de los trabajadores.
Indicó que existe preocupación en torno a las conversaciones que se están llevando a cabo en las mesas de trabajo, señalando que el gremio ve «como hay una alianza táctica con la oligarquía», que a su juicio «se va amoldando a los intereses, negocian con cualquiera», añadió.
Apuntó que el patrón Estado y el sector privado buscan sus propios intereses, no obstante la masa trabajadora organizada buscará defender las prestaciones sociales, que son un beneficio obtenido durante años de lucha.
«Hemos sostenido que es una defensa, inclusive de esos movimientos que se llamaron de izquierda hace más de 60 años, que defendían los principios de los derechos de labor», recalcó.
Rivas alertó que se pretende «eliminar las prestaciones sociales porque están alegando que los recursos para poder llevar a un salario digno no es suficiente para la carga tributaria, pero es que estamos hablando que este Gobierno nos ha dicho que hay 19 meses de crecimiento positivo. ¿Dónde está el beneficio del impacto? El impacto debe reducirse en que el salario de los trabajadores debe mejorar», alegó.
Agregó que el beneficio también se debería ver reflejado en las infraestructuras escolares, hospitalarias y todo beneficio destinado al pueblo. «Han hecho año tras año récord de recaudación de impuestos, que han cobrado a las empresas privadas. ¿Dónde va a parar el dinero? Ellos mismos lo demostraron cuando eliminaron 19 fundaciones hace días, que se llevaban casi 40% del Producto Interno Bruto, no estamos hablando cualquier cosa», cuestionó.
HASTA QUE SE CUMPLAN LAS EXIGENCIAS
Por último, Cristina López, integrante de la directiva del Colegio de Profesores del estado Aragua y docente activa, recalcó que hay 23 mil trabajadores de este gremio con el salario suspendido, ante lo cual se encuentran en condiciones de incapacidad total. «Esa es una violación a los derechos laborales, contractuales y los convenios internacionales, porque afecta no solo al trabajador sino a la familia de los trabajadores», denunció.
Reiteró la necesidad de que se aumenten los salarios, ya que los 130 bolívares no son suficientes, y además denunció que «los patrones del sector privado desde el año 2023 no paga las prestaciones sociales a ninguno de los trabajadores».
López indicó finalmente, que «el bono no es salario y exigimos el incremento de nuestro salario, que se cumpla con el convenio 026 que es el ajuste del salario mínimo anual. No vamos a mantenernos en tranquilidad hasta que se cumplan las exigencias, se le dé la continuidad a la convención colectiva y logremos los beneficios de todos los trabajadores», enfatizó.
SE SUMARON LOS JUBILADOS
Para Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación de Profesores Jubilados y Pensionados del estado Aragua, más de cinco millones de adultos mayores entregaron sus años productivos para disfrutar de su retiro con dignidad. No obstante, considera que hoy los jubilados devengan pensiones de hambre y por tal motivo se sumaron a la jornada de protesta.
«Estamos planteando que se aumenten las pensiones, se aumente el salario, se discutan las contrataciones colectivas, pero que también se les coloque el ejecútese de la Ley de Alimentación y Medicina para los trabajadores. También estamos exigiendo que el 9% que se les descuenta a los empresarios vaya a destino de los jubilados y pensionados», explicó.
Aguilar también recordó que aún siguen detenidos cuatro de sus compañeros por razones políticas. «Aragua tiene un prisionero que se llama Nelson Torrealba. Nosotros exigimos su inmediata libertad, de éste y de todos los prisioneros políticos que se encuentran secuestrados en las mazmorras o en las cárceles del país», manifestó.
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Aunado a esto, Arnoldo Benítez, quien se presentó como diputado de la «legítima Asamblea Nacional de 2015», exhortó al Ejecutivo nacional a que aumenten las pensiones. «Mi primera pensión fue de 700 dólares y me la bajaron a 130 bolívares, a 0.31 dólares», añadió.
LINO HIDALGO | elsiglo
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