El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) emitió un pronunciamiento oficial para dar a conocer las acciones tomadas en contra de un grupo de funcionarios que, durante las labores de asistencia humanitaria en las zonas afectadas por los sismos en el estado La Guaira, fueron sorprendidos apropiándose de valores económicos hallados entre los escombros.
En un comunicado, la institución calificó la conducta de los implicados como «individual, reprobable y contraria a los valores fundamentales de nuestra doctrina», señalando que está atenta de manera directa contra el prestigio institucional y el respeto debido a la ciudadanía. Los hechos ocurrieron en las residencias Vallarta, ubicadas en la urbanización Playa Grande, parroquia Catia La Mar, una de las edificaciones que colapsó tras el devastador doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio.
De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales y recogidas por diversos medios digitales, vecinos del sector confrontaron a los funcionarios cuando intentaban retirar una bolsa con dólares en efectivo. Los residentes, quienes aún enfrentan la tragedia y la búsqueda de desaparecidos, obligaron a los agentes a romper los billetes en señal de rechazo. El hecho generó una ola de indignación entre la población, que denunció que, mientras cientos de familias buscan recuperar pertenencias o localizar a sus seres queridos, algunos funcionarios aprovechan el caos para cometer actos de corrupción.
En consecuencia, el Consejo Directivo del Cicpc adoptó de manera inmediata medidas contundentes. Se procedió a la separación definitiva e irrevocable de sus cargos de todos los funcionarios involucrados y se inició la averiguación disciplinaria correspondiente para su destitución inmediata. Asimismo, se ordenó la aprehensión de los ciudadanos, quienes fueron detenidos por comisiones de la División de Investigaciones de Delitos en la Función Pública del Cicpc.
Los detenidos fueron identificados como: Aguilar Reyes Maya, Fredy Rafael Lugo Oliveros, Roger Andrés Omaña, y Josué Jhonatan Burgos Sánchez.
Este último, Jonathan Josué Burgos Sánchez, había sido señalado inicialmente en videos difundidos en redes sociales como el principal implicado en el intento de sustracción de los dólares. Sin embargo, el comunicado oficial del Cicpc confirma que la investigación abarca a un total de cuatro funcionarios, quienes fueron puestos a la orden de la Fiscalía con competencia en materia de delitos contra la corrupción del Ministerio Público.
El Cicpc reiteró en su pronunciamiento su apego a los principios de transparencia, ética y rectitud que rigen a la institución policial, y enfatizó que este tipo de conductas no serán toleradas, especialmente en el contexto de emergencia que vive la entidad luego de los sismos, que hasta el momento han dejado más de 1.900 fallecidos y miles de heridos y damnificados.
LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo