En un acto catalogado por los presentes como «histórico», se llevó a cabo la acreditación y juramentación de 240 jueces de paz pertenecientes a los municipios Mario Briceño Iragorry, Girardot y Ocumare de la Costa de Oro del estado Aragua, los cuales tendrán la tarea de consolidar la paz y promover la transformación política de la región.

Fotos | JOEL ZAPATA
Representantes del poder judicial en el estado Aragua destacaron la importancia de estos jueces de paz en la promoción de un sistema judicial que garantice el respeto a los derechos humanos. Se espera que su labor contribuya a la reducción de los índices delictivos y a la resolución pacífica de conflictos a nivel comunitario.
Estos 240 jueces de paz forman parte de un grupo de 1.130 que fueron elegidos el pasado 15 de diciembre en todo el estado Aragua, tras completar una primera etapa de formación de cinco semanas, están listos para asumir sus funciones y trabajar en pro de la sana convivencia en sus comunidades.

Pasarán entonces a desempeñar un papel fundamental en la resolución de conflictos a nivel local, actuando como mediadores en disputas, emitiendo resoluciones y fomentando la cultura de paz. Con esta juramentación, el estado Aragua avanzaría en la consolidación de un sistema de justicia más cercano a la ciudadanía.
JUSTICIA DE PAZ COMUNAL
En este sentido, Carlos Gámez, juez rector del estado Aragua, aseguró que este proceso forma parte de la implementación de la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal, en cumplimiento de una misión encomendada por el presidente Nicolás Maduro para desempeñar un papel clave en el sistema de justicia.
Por lo tanto, señaló que con esto continúan cumpliendo la tarea encomendada por la magistrada presidenta del TSJ, Dra. Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, y la magistrada Tania D’Amelio Cardiet, presidenta de la Sala Constitucional. «Una tarea que venimos desarrollando desde hace meses atrás, una vez que se aprobó la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal, que el presidente Nicolás Maduro Moros encomendó la misión de llevar hasta feliz término lo establecido en la ley, y a concretarlo en lo que hoy hemos materializado, que esta juramentación cumpliera un proceso de formación y capacitación durante cinco semanas», precisó.

En este orden de ideas, informó que luego de este acto se dirigieron hasta el municipio Sucre y al final de la tarde al municipio Santiago Mariño, para seguir avanzando en este modelo de «justicia de paz». Gámez destacó además que estos jueces de paz obedecen a la soberanía popular, ya que estos fueron elegidos por el pueblo y son «la base de nuestro sistema de justicia», y por lo tanto tendrán la responsabilidad de «seguir construyendo la paz en todo el territorio de Venezuela».
Sobre el cumplimiento del proceso inicial de formación y capacitación de cinco semanas, con el apoyo de los jueces y juezas civiles de los municipios, Gámez detalló que seguirán trabajando en la formación y capacitación. «Se trata de un proceso que se extenderá todo el tiempo que sea necesario, hasta que cada uno de los hombres y mujeres que conforman esta estructura de la justicia de paz comunal, cuenten con las herramientas para llevar a través de la mediación, la conciliación, el arbitraje, el diálogo, mediante el encuentro de los ciudadanos y ciudadanas en sus territorios, la paz en esos espacios», precisó el juez rector.
PAZ Y SEGURIDAD
Por su parte, el secretario general de Gobierno, GD Marlon Dulcey Parada, acompañando al Poder Judicial y al Poder Popular en esta juramentación, comentó que este fue un extraordinario acto que viene a honrar la voluntad del pueblo ejercida el 15 de diciembre del año 2024, cuando salió expresó su voluntad al escoger a una serie de reconocidos actores de la vida popular como sus jueces y juezas de paz.

Parada destacó la importancia de este proceso, que busca fortalecer la paz y la transformación política, económica y social en la región. «Después de un largo, pero importante proceso de formación, estamos participando en este acto de acreditación y juramentación de las juezas y jueces que van a salir a las calles, a ubicar cada uno de los espacios que forman parte de nuestra geografía aragüeña, precisamente a desarrollar el espíritu de la convivencia, del amor, de la paz, a través de todo un procedimiento que está previsto en la norma, pero que además está previsto en el proyecto de soberanía, de justicia, que es el proyecto por el cual luchamos», afirmó.
«Estamos absolutamente convencidos que este proceso que hoy iniciamos con jueces y juezas de paz en todo el territorio va a contribuir de manera muy efectiva en la consolidación de la paz, pero también en la consolidación del proceso de transformación política, económica, social, que estamos desarrollando y que tiene como norte la suprema felicidad de ese pueblo que hoy los jueces y juezas de paz han jurado defender, han jurado proteger», continuó diciendo.
El secretario general de Gobierno resaltó que este proceso de transformación nace del ser humano y se multiplica para contribuir con los sueños de Simón Bolívar, Hugo Chávez, Nicolás Maduro y la gobernadora Karina Carpio. «Cada quien le pone ese valor supremo que tiene que ver con la representación auténtica del sueño de una nación que hoy día resiste con dignidad y que con toda seguridad a partir del desempeño de los jueces y juezas de paz será una resistencia aún más altruista, aún más profunda, aún más amplia que va seguramente a abonar los caminos hacia la suprema felicidad del pueblo, en este caso en particular del pueblo del estado Aragua», acotó.

También mencionó que se trata de todo un sistema que viene con una rectoría desde el Ministerio del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz, junto a otras entidades ministeriales de los diferentes poderes que hacen vida para contribuir en la generación de condiciones propicias para la paz, lo que significa impulsar la lucha contra las incidencias delictivas.
«En Aragua, nosotros hemos tenido un porcentaje de disminución de incidencia delictiva superior al 50% cuando la comparamos con este mismo periodo de tiempo respecto al año 2024. Estoy convencido de que la justicia de paz es un hecho social, jurídico, que viene a contribuir con las expectativas de un pueblo que lo clama y que va a contribuir en la disminución de esos índices de violencia», acotó Parada.
JUSTICIA DE MANERA MÁS CERCANA A LA GENTE
Asimismo, la diputada Guaiquirima Castro celebró la acreditación de los jueces y juezas de paz comunal tras un proceso de formación que comenzó en diciembre de 2024, los cuales pudieron postularse inicialmente por su experiencia de al menos tres años en la comunidad y que entendiendo que no son todos abogados, sino maestras, obreros y personas de diversas edades con un fuerte compromiso social, continuarán en un proceso de formación, ya que su papel es promover la paz y la conciliación en las comunidades, ayudando a administrar la justicia de manera más cercana a la gente.

Siendo integrante de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, expresó su felicidad y orgullo por este logro alcanzado. «En ellos recae la responsabilidad de velar por la paz, la convivencia en cada una de nuestras comunidades, la conciliación, la mediación, fomentando leyes de convivencia precisamente para que pueda reinar la paz», dijo.
En este orden de ideas, Castro comentó que todo esto surge de algunas premisas y principios del libertador Simón Bolívar, y por lo tanto continuarán en el acompañamiento a estos actos en todo el estado que ahora se encamina en este nuevo ordenamiento jurídico.
«Esto es un sueño que se hace realidad. Aquí hay maestros, obreros, trabajadores, mujeres y hombres, jóvenes, pero también adultos mayores, personas con mucha vocación social, que se sumaron sin ningún interés económico, sino que el interés precisamente es la comunidad», aseguró la diputada.
UN DÍA HISTÓRICO
Algunos de los jueces de paz que fueron juramentados este jueves, compartieron sus impresiones y expectativas sobre esta nueva etapa en la administración de la justicia comunal.

Edén Natalio Montilla Soto, abogado penalista, profesor universitario y juez principal de Alayón, expresó su gratitud y emoción por formar parte de este momento histórico. «Agradecido con Dios porque estoy haciendo historia junto a mis homólogos, después de 200 años cumpliendo el mandato de nuestro libertador Simón Bolívar en la consecución de los jueces de paz, artículo 258 de la CRBV», dijo.
Asimismo, destacó el hecho de haber entrado al sistema judicial, pero no escogidos por una burocracia y logros académicos, sino escogidos por la comunidad a través de elecciones libres.
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Por su parte, Ana Isabel Villarreal, del municipio Mario Briceño Iragorry, circuito comunal 4, 5, 6 y Antonio Ricaurte, manifestó su satisfacción por la acreditación recibida. «Complacida por estar aquí para recibir esta acreditación como jueces y juezas de paz, es un avance en nuestras comunidades, es la accesibilidad a la justicia en nuestros territorios y el pueblo está muy a la expectativa de que accionemos en el territorio», afirmó.
También, Orlando Aponte, perteneciente al circuito 1 de Ocumare de la Costa, resaltó la importancia de este acto para su formación como juez de paz. «Este bello acto es fundamental para nuestra formación como juez de paz; es impresionante estar aquí con tanta gente con un mismo objetivo, llevar la paz y el amor, en mi caso a la comunidad ocumareña», señaló.
CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo
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