El doblete sísmico que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio dejó una profunda huella de dolor, especialmente en La Guaira, donde el colapso de numerosas estructuras residenciales ha generado una cifra alarmante, 1.200.000 toneladas de escombros.
Frente a este desolador panorama surgen varias interrogantes cruciales para las autoridades y la ciudadanía en general: ¿Qué hacer con esta inmensa montaña de residuos? ¿Es posible transformarla en esperanza y nuevos hogares?
La respuesta técnica se inclina por un «sí», y llega de la mano de un estudio realizado recientemente por el ingeniero Jorge González, doctor en Ingeniería Estructural (UCV), e investigador de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).
A través de su trabajo sobre el uso de agregados gruesos reciclados, el especialista ofrece una hoja de ruta técnica y ecológica fundamental para orientar los planes de reconstrucción del Estado de manera segura.
La investigación del doctor González demuestra que el concreto de los edificios derrumbados puede ser triturado y procesado para fabricar un nuevo cemento. El gran aporte de este estudio para la crisis actual radica, en que define con precisión científica los límites de su uso para no comprometer la seguridad de las futuras viviendas. Los análisis confirman que el material reciclado es idóneo y muy resistente con el paso de los días. Sin embargo, al ser más poroso, reduce la rigidez de las estructuras si se utiliza en exceso.
Por ello, el estudio emite una recomendación clave a ingenieros y autoridades; para levantar las columnas y vigas principales de nuevos edificios sismorresistentes, la mezcla debe contener estrictamente 20% de piedra reciclada, combinada con 80% de material natural.
El 80% restante de esa colosal montaña de 1,2 millones de toneladas puede aprovecharse masivamente en obras de menor riesgo pero de alta necesidad inmediata, como bases para carreteras, aceras, caminerías, muros de contención y cimientos de viviendas de una sola planta.
En ese sentido, el estudio de González, no solo ofrece una solución ecológica para limpiar a La Guaira de escombros, sino que abarata los costos de reconstrucción y garantiza que las nuevas estructuras se edifiquen sobre bases firmes, seguras y científicamente probadas.
Un aspecto fundamental que revela el trabajo del doctor González (Estudio del agregado grueso reciclado con granulometría controlada para la fabricación de concreto estructural), es el minucioso proceso de preparación que requieren estos escombros para garantizar su calidad.
Por ejemplo, los bloques de concreto recolectados no se vierten directamente en la mezcladora. Primero pasan por una trituración mecánica, se separan por tamaños mediante coladores industriales (tamices) y reciben un lavado a presión para eliminar el polvillo de cemento viejo que pueda debilitar la adherencia.
Desde el punto de vista del comportamiento del material, la investigación destaca un fenómeno muy positivo. Las mezclas que utilizan este agregado reciclado ganan una enorme resistencia con el paso de los días, llegando a igualar o incluso superar al concreto convencional a las cuatro semanas de su fabricación. Esto ocurre porque la piedra reciclada absorbe más humedad, lo que optimiza el fraguado interno.
No obstante, las autoridades deben saber que la porosidad de este material exige ajustar la cantidad de agua y cemento al preparar la mezcla para que mantenga su facilidad de manejo. Además, debido a que el acero se agarra de forma distinta a este concreto, el estudio valida que las normas sismorresistentes vigentes en Venezuela ya protegen las estructuras sin necesidad de realizar cambios legales, haciendo que su aplicación sea inmediata, segura y totalmente viable.
LECCIONES DEL SISMO
Tras los sismos de 7,2 y 7,5 que sacudió a Caracas, La Guaira, Aragua y Carabobo, el ingeniero Jorge González precisó que el impacto respondió a una liberación extrema de energía a través de dos eventos casi simultáneos, separados por apenas 39 segundos y con una sacudida superior a un minuto. A esto se sumaron condiciones de vulnerabilidad preexistente en las estructuras por fallas de diseño y el efecto de sitio provocado por sedimentos no consolidados en terrenos ganados al mar, similares a los que afectaron a Altamira en 1967, por lo que descartó calificar el hecho como mala praxis sin evidencias técnicas previas.
El especialista señaló que el volumen de escombros acumulado funciona como un medidor del grado de destrucción del entorno y de la vulnerabilidad urbana, más no de la magnitud natural. Para ilustrar este criterio, González contrastó el terremoto de Haití en 2010, de magnitud 7,0, cuya alta vulnerabilidad constructiva derivó en una catástrofe masiva de desechos y pérdidas, frente al sismo de Chile ese mismo año, que a pesar de registrar una magnitud superior de 8,8, sufrió daños sustancialmente menores gracias a la solidez de su infraestructura.
Respecto a la gestión de los desechos, desestimó por completo utilizar zonas con potencial turístico como Los Caracas para el confinamiento de escombros. En su lugar, el ingeniero recomendó la instalación de plantas de reciclaje especializadas para separar el concreto, ubicadas estrictamente lejos de las costas y de los cauces de los ríos. Asimismo, advirtió que determinar vertederos definitivos exige rigurosos estudios geotécnicos y de impacto ambiental que eviten laderas propensas a futuros deslaves o derrumbes.
Finalmente enfatizó, que la principal lección compartida entre el deslave de 1999 y la actual emergencia de 2026 es que la resiliencia debe anteponerse a la simple reconstrucción. González sentenció que está contraindicado volver a edificar donde el riesgo siga siendo alto. Primero, deben ejecutarse evaluaciones minuciosas de estabilidad de suelos, taludes y drenajes bajo la normativa vigente para decidir cómo y dónde construir, priorizando la reubicación hacia áreas seguras. Reconstruir sin reducir la exposición acumulada de la población, concluyó, solo será la antesala de un nuevo desastre.
UNA INVERSIÓN DE $22.3 MILLONES
La gestión de las 1.200.000 toneladas de escombros en La Guaira, plantea un masivo reto logístico y económico para las autoridades. Ingenieros del sector estiman que el proceso de remover, transportar y procesar este material requerirá una inversión directa aproximada de 22,3 millones de dólares.
Técnicamente, el volumen colapsado equivale a unos 800.000 metros cúbicos que, por efectos de esponjamiento al ser removidos, se expanden a 1.040.000 metros cúbicos de carga suelta. La fase inicial de despeje de terrenos y carga con maquinaria pesada costará unos 4,6 millones de dólares.
Posteriormente, el traslado en camiones de volteo hacia los centros de acopio demandará otros 6,2 millones de dólares en fletes.
Para expertos, el transformar los desechos en materia prima segura, la etapa de selección, trituración mecánica y lavado a presión, requerirá 11,4 millones de dólares. A pesar del alto costo logístico, procesar los escombros resulta más económico para el Estado que adquirir agregados naturales nuevos, mitigando simultáneamente un severo colapso ambiental y sanitario en las costas guaireñas.
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