Usuarios del transporte público en el municipio Sucre afirmaron que, hasta el momento, las unidades que prestan servicio en la jurisdicción continúan cobrando la tarifa habitual, esto luego de las denuncias surgidas en otras zonas de la entidad sobre supuestos aumentos no autorizados del pasaje urbano.
La situación ha generado preocupación entre los ciudadanos, especialmente luego de reportes provenientes de Maracay, donde algunos usuarios denunciaron cobros por encima de la tarifa establecida oficialmente.
En meses recientes, gremios y usuarios han mantenido diferencias en torno al costo del pasaje y la capacidad económica de la población para asumir nuevos ajustes.
SIN INCREMENTOS
Mariana Lugo, usuaria del transporte público en Cagua, señaló que las rutas que cubren el municipio han venido trabajando con normalidad y sin aplicar incrementos adicionales.
«Realmente por acá no han aumentado. Sí escuché que en Maracay ya estaban cobrando un aumento, que a mi juicio es descabellado, ya que no hubo aumento de sueldo ni nada», expresó.
Asimismo, destacó que la población se mantiene atenta ante cualquier posible modificación en las tarifas, debido a que el costo del transporte representa uno de los principales gastos diarios para quienes deben trasladarse constantemente por motivos laborales o personales.
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TOCARÁ CAMINAR
Por su parte, Flora Suárez manifestó que actualmente no se encuentra en condiciones económicas para asumir un nuevo ajuste en el pasaje, asegurando que sus ingresos apenas le permiten cubrir necesidades básicas.
«Imagínate, si viene otro aumento tocará es caminar. Apenas me alcanza es para comer y comprar medicinas», comentó la ciudadana.
Entretanto, Andrés Gil coincidió en que la realidad económica de los usuarios dificulta enfrentar un eventual incremento del transporte público.
«Como usuarios no estamos en condiciones de pagar un nuevo ajuste del pasaje porque la economía del ciudadano está por el piso», afirmó.
Los consultados hicieron un llamado a las autoridades competentes y a los transportistas a mantener tarifas ajustadas a la realidad económica de la población, recordando que gran parte de los trabajadores continúa percibiendo ingresos insuficientes frente al alto costo de vida.