El gremio magisterial anunció ayer el inicio de una intensa agenda de movilizaciones destinadas a presionar, tanto al Ejecutivo nacional como a la administración estadal, para que restituyan sus derechos contractuales, y para que pongan en marcha una solución definitiva a la crisis estructural que mantiene a los trabajadores del sector bajo condiciones de extrema vulnerabilidad económica.
Al respecto, Freddy Castellano, presidente del Sindicato Unitario del Magisterio de Aragua (SUMA), dirigió el reclamo directo al Gobierno nacional como patrono, señalando que es imperativo que se aboque a solventar las carencias más de fondo del sector, las cuales pasan de manera obligatoria por la recomposición inmediata del poder adquisitivo de los docentes, administrativos y obreros.
«El patrón tiene que solucionar los problemas básicos de la educación, que tiene que ver con recuperar sus salarios y eliminar ese memorando 2792 que le ha hecho un grave daño a la educación venezolana, como es aplanar los salarios de todos los trabajadores», aseveró con vehemencia Castellano.
Según detalló el representante gremial, la aplicación de la normativa emitida en el año 2018 representó el desmantelamiento de conquistas históricas alcanzadas tras décadas de negociación colectiva. Castellano puntualizó que, bajo el amparo de dicho decreto, se eliminaron de forma sistemática todas las primas asociadas a la profesionalización, los méritos académicos y la antigüedad, barriendo con el escalafón docente. A esta situación se suma la vigencia del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), un mecanismo técnico que, a juicio del sindicato, estrangula las asignaciones presupuestarias destinadas a la seguridad social y la remuneración justa del personal.
«Allí se quitaron todas las primas, todos los logros, los aumentos salariales producto de tus estudios; todo eso fue volado de raíz con el memorando 2792 aplicado por el Gobierno nacional. Y no solamente con eso, se aplica un instructivo Onapre, el cual es el que discute el presupuesto que tiene que ser incorporado para los trabajadores, lo cual siempre es insuficiente para cubrir las necesidades básicas», denunció el presidente de SUMA Aragua.
AGENDA DE MOVILIZACIÓN ESCALONADA
Ante la falta de respuestas efectivas por parte de los organismos ministeriales, el comando intergremial ha estructurado una hoja de ruta de carácter pacífico, pero combativo, que se desarrollará a lo largo de toda la semana en los diferentes municipios de la entidad aragüeña.
Tras la apertura de las acciones con el pronunciamiento de este lunes, los educadores tienen previsto replegarse a sus respectivos centros de trabajo el día martes para sostener asambleas de diagnóstico y coordinar los próximos pasos operativos que mantengan viva la presión sobre las autoridades civiles y educativas.
La jornada del miércoles se trasladará al ámbito de la asistencia social. Los gremios han convocado a una manifestación unificada frente a las sedes del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (Ipasmé) a nivel nacional.
En el caso de Aragua, el magisterio acudirá masivamente para consignar un pliego de exigencias vinculadas estrechamente al colapso de la atención médica primaria, la escasez de medicamentos y la pérdida de coberturas de salud para los trabajadores activos, jubilados y sus familiares directos.
Para el día jueves, la estrategia sindical experimentará una variación organizativa respecto al diseño original. Aunque inicialmente se contemplaba la realización de asambleas regionales cerradas, el Comando Intergremial de Aragua determinó suspenderlas momentáneamente para dar paso a un despliegue directo en las distintas localidades.
Castellano sostiene que el propósito es constituir comisiones de enlace que visiten las bases magisteriales en los municipios, permitiendo una articulación mucho más directa y orgánica de cara a las próximas etapas del conflicto, las cuales prometen ser de mayor intensidad en el corto plazo.
El cierre de la agenda semanal coincidirá con la conmemoración del Día del Adulto Mayor el próximo viernes 29 de mayo. Para esa fecha, el magisterio aragüeño se sumará a una gran marcha en apoyo a los pensionados y jubilados, un sector severamente golpeado por la devaluación y la falta de políticas de protección integral.
La movilización partirá desde la Plaza Bicentenaria de Maracay a las nueve de la mañana y marchará con destino a la sede del Servicio Autónomo de Geriatría y Gerontología de Aragua (Sager), organismo encargado de la atención de la tercera edad en la región.
También te puede interesar: Fetraragua denuncia que reforma de la Ley del Trabajo busca sustituir sindicatos
PROMESAS ROTAS
La indignación del sector se vio exacerbada tras los anuncios gubernamentales del pasado primero de mayo. Castellano explicó que las expectativas del magisterio eran elevadas, pero el desenlace profundizó la precariedad generalizada al constatarse que las medidas se limitaron a bonificaciones que no impactan las prestaciones sociales ni el cálculo de aguinaldos o vacaciones.
Además, denunció un trato discriminatorio en la asignación del denominado bono de profesionalización, el cual, según sus estimaciones, apenas fue cancelado a un quince por ciento del personal educativo nacional, excluyendo a la inmensa mayoría de los docentes, administrativos y obreros dependientes tanto del Ejecutivo central como de la Gobernación de Aragua.
«Ese bono de profesionalización tiene que llegarle a todos los trabajadores. La mayoría de todos los docentes, de todos los trabajadores administrativos y del sector obrero son profesionales de cuarto nivel y por ende les corresponde ese bono. No ha sido cancelado aquí en el estado, hemos hecho esa solicitud. Aparte de eso, estamos solicitando el bono de Cestaticket o un bono equivalente a ese monto de 40 dólares para el sector de los jubilados», reclamó Castellano, quien además calificó de inaceptable que se despoje de este beneficio alimentario a quienes dedicaron más de 25 años de servicio a la educación.
El panorama post-primero de mayo ha sido calificado por la dirigencia sindical como una transición hacia un escenario de mayor incertidumbre económica, donde las familias de los educadores dependen de la discrecionalidad del Estado para el cobro de asignaciones complementarias que siguen siendo insuficientes frente al costo real de la vida.
«Cuando digo que teníamos mucha expectativa a partir del primero de mayo, yo creo que estamos peor que esa fecha ahora, producto de que estamos en una incertidumbre si pagan el bono ese de 50 dólares o no lo pagan, y producto de que eso no satisface los requerimientos que teníamos nosotros como educadores para poder vivir mejor», sentenció el líder sindical.
LINO HIDALGO | elsiglo